Guido Gómez Mazara calificó el caso SeNaSa como uno de los episodios más graves de corrupción administrativa en la historia reciente del país, al compararlo con escándalos financieros que marcaron negativamente a la República Dominicana, como quiebras bancarias fraudulentas del pasado.
Señaló que, pese a que el Gobierno había logrado importantes avances durante la semana —como la inauguración de obras viales, récords de empleo, aumento de la inversión extranjera y crecimiento de las remesas—, todos estos logros quedaron opacados por el impacto del caso SeNaSa.
Desde el punto de vista jurídico, destacó el desempeño del Ministerio Público, al presentar pruebas contundentes que llevaron a la imposición de medidas de coerción contra los imputados, resaltando la solidez del expediente y la existencia de delaciones cruzadas.
Explicó que, de los diez imputados, siete fueron enviados a prisión preventiva en Najayo y tres a prisión domiciliaria, aunque dejó claro que, a título personal, hubiese preferido que los diez cumplieran prisión preventiva como señal de mayor firmeza institucional.
Gómez Mazara valoró como un hecho histórico que, por primera vez en más de seis décadas, un gobierno no solo destituya a funcionarios implicados en corrupción, sino que además los someta a la justicia y enfrenten consecuencias penales reales.
Con un tono enérgico, expresó la indignación social que generan actos de corrupción cuando se trata de fondos destinados a la salud pública, subrayando que el desvío de recursos afecta directamente a los sectores más vulnerables del país.
Advirtió que el proceso judicial no debe quedarse en una primera etapa y consideró que futuras investigaciones podrían involucrar a otros actores del sistema, como clínicas, farmacias y profesionales de la salud, reclamando sanciones ejemplares si se comprueban irregularidades.
En el plano político, afirmó que el caso debe servir como una advertencia clara dentro del Estado: quien incurra en corrupción debe enfrentar consecuencias legales, sanción social y un rechazo permanente por parte de la ciudadanía.
Gómez Mazara hizo un repaso histórico de casos emblemáticos de corrupción para enfatizar que el uso indebido de fondos públicos deja marcas imborrables en la vida pública y privada de quienes los cometen, así como en la confianza de la sociedad.
Finalmente, sostuvo que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso real y constante, insistiendo en que el servicio público no puede convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal, y reafirmó que solo con justicia firme y coherente se podrá fortalecer la credibilidad institucional del país.
