El partido Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una grave denuncia pública este jueves, en la que alerta sobre la existencia de un presunto esquema de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, vinculado a la emisión irregular y masiva de permisos y licencias ambientales, fuera del marco legal establecido.
La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la organización opositora, quien señaló directamente al ministro Paíno Henríquez como responsable de un modelo de gestión ambiental “peligrosamente distorsionado”, basado en cifras inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“En una reciente comparecencia del ministro de Medio Ambiente, licenciado Paíno Henríquez, se refirió a varios aspectos de la gestión ambiental del gobierno, en gran parte mostrando ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones indemostrables”, leyó Abreu al inicio del documento oficial titulado Licencias y permisos preocupantes en el Ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los principales puntos cuestionados por Fuerza del Pueblo es la afirmación del ministro Henríquez de que su gestión ha aprobado más de 6,000 licencias ambientales en un período de apenas 11 meses. Esta cifra fue calificada como “astronómica” y legalmente inviable por el equipo técnico del partido, que advirtió que el Ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para procesar tal volumen de solicitudes cumpliendo el debido proceso.
“Cumpliendo con el procedimiento de autorizaciones ambientales que establece la Ley, el Ministerio de Medio Ambiente no dispone de capacidad para procesar esa cantidad de licencias en un año, y mucho menos en 11 meses”, afirmó Abreu.
El documento leído señala que esta situación podría estar vinculada a prácticas irregulares dentro del Ministerio: “No quisiéramos pensar que ese astronómico número de licencias ambientales que el Ministro dice haber entregado estén asociadas con los rumores que circulan, indicando que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y que en el Ministerio existe un mercado para la venta de permisos ambientales”.
Según la denuncia, se habla incluso de “agentes” que actúan como intermediarios, gestionando la obtención rápida de permisos a cambio de pagos adicionales. En respuesta a esta grave acusación, la Fuerza del Pueblo hace un llamado “urgente” a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental (OEIG), así como a la Cámara de Cuentas, para que se realice una auditoría forense del proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales.
Fuerza del Pueblo criticó que el ministro Henríquez mida la eficiencia de su gestión ambiental por la cantidad de licencias otorgadas, sin tomar en cuenta el impacto ambiental de los proyectos aprobados ni la sostenibilidad de los mismos.
“El Ministro de Medio Ambiente no tiene claro el propósito de su gestión y cree que la eficiencia descansa en la cantidad de licencias otorgadas, aunque no reflejen nada acerca del tipo de desarrollo ni de la sostenibilidad ambiental de los proyectos que se están autorizando”, expresó Abreu.
“En lugar de ente fiscalizador, el Ministerio de Medio Ambiente está siendo convertido en una agencia para aprobar proyectos y en un mecanismo para motorizar inversiones, como si se tratara de un Ministerio de Industria y Comercio o una oficina recaudadora del gobierno.
Se degradan a negocios las funciones rectoras del Ministerio”, continuó. Según la denuncia, esto implica una degradación institucional que pone en riesgo la protección de los recursos naturales y el equilibrio ambiental del país.
Además, desde FP se advierte que se están debilitando y desmontando los controles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), uno de los instrumentos más relevantes de la Ley 64-00.
La organización política destaca que este sistema es fundamental para prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos de proyectos de alto riesgo. El documento añade que: “En ninguna gestión ambiental anterior se habían desvirtuado de forma tan grosera los mandatos de la Constitución y las leyes respecto a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”.
Otro aspecto de la denuncia se centra en cifras ofrecidas por el ministro Henríquez relacionadas con la cobertura boscosa y la importación de madera, que Fuerza del Pueblo califica como “infladas” o “fuera de contexto”. “El Ministro ha ofrecido cifras no confirmadas que la elevan a 44.3 % del territorio nacional.
Las cifras oficiales del inventario forestal de 2019 determinaron una cobertura boscosa de 37.7 %, que sumada al 5.1 % de plantaciones agroforestales llega a 42.8 %. Ese dato debe ser revisado”. También se cuestionó que se haya declarado un monto de US$800 millones en importación de madera, cuando las cifras reales, según Trading Economics y la base de datos de comercio internacional de la ONU, reflejan que en 2024 el valor fue de US$285.06 millones.
La Fuerza del Pueblo denunció además el abandono institucional de las áreas protegidas y el deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques, acusando que muchos de ellos no trabajan en el terreno y que en realidad figuran en la nómina como “botellas”.
“Históricamente existía personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas.
Los que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados. En la actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”, sostiene el documento.
Esto, según la denuncia, ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico nacional.
El patrón de SeNaSa se repite Durante la rueda de prensa, Paino Abreu recordó que fue también la Fuerza del Pueblo quien destapó el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el cual fue inicialmente negado por autoridades del gobierno, pero que hoy mantiene a varios exfuncionarios arrestados y bajo investigación judicial.
Por esa razón, la organización política exige que los órganos de control del Estado actúen con responsabilidad y transparencia ante las señales de corrupción que, de comprobarse, comprometerían seriamente la integridad de la política ambiental dominicana, solicitando de esa manera que la Cámara de Cuentas realice una auditoría al Ministerio de Medio Ambiente.
