La jueza de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar.
Las imputadas Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán realizar el pago a través de una compañía aseguradora, de acuerdo con la decisión judicial.
En cuanto a la directora del centro educativo, Gisela González, la magistrada ordenó libertad pura y simple tras concluir que el Ministerio Público no presentó pruebas que la vincularan con los hechos investigados.
La abogada María del Pilar Zuleta, representante de González, sostuvo que la disposición judicial se fundamenta en la ausencia total de elementos que la vinculen con el caso.
Explicó que los documentos y testimonios aportados demostraron que la directora no estaba presente en el lugar al momento de la tragedia, lo que llevó al tribunal a descartar la imposición de una medida de coerción.
Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín indicó que acatarán la garantía económica y las presentaciones periódicas dispuestas por la jueza.
Aseguró que sus representadas están en disposición de colaborar con el proceso y contribuir al esclarecimiento del hecho.
El jurista también reconoció la carga emocional que rodea el caso, señalando que la muerte de la niña impactó profundamente tanto a la familia como a las docentes involucradas.
