A través de la acusación presentada por el Ministerio Público en la que sostiene que un grupo de exfuncionarios y colaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) creó un entramado criminal para distraer miles de millones de pesos de la ARS pública destinada a brindar servicios de salud a los más necesitados. Según la imputación, esta red habría operado como una estructura de crimen organizado dentro de la entidad, afectando la transparencia y la solvencia del seguro estatal.
En el documento acusatorio, la Fiscalía atribuye a los imputados la creación de “programas especiales” carentes de sustento técnico y financiero, que habrían sido utilizados como canal para recibir sumas millonarias en sobornos, afirmando que “crearon programas especiales fraudulentos para sobornos” con cargo a los fondos de SeNaSa. De acuerdo con el Ministerio Público, estos esquemas presuntamente sirvieron para justificar pagos irregulares y encubrir la salida de recursos públicos a favor de intereses particulares.
La acusación también describe que, para sostener el supuesto entramado, se habría obstruido la transparencia interna mediante la instalación de equipos y controles paralelos que bloqueaban iniciativas de mejora institucional y de fiscalización. De manera adicional, se señala la adulteración crónica de los estados financieros y la manipulación de registros contables y tecnológicos, con el fin de ocultar el verdadero impacto económico de las operaciones cuestionadas y el desvío de los recursos.
El Ministerio Público imputa la presunta red al exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros exfuncionarios y colaboradores, a quienes se acusa de coordinar maniobras de corrupción, distracción de fondos del Seguro Nacional de Salud y lavado de activos. Los fiscales del caso solicitaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la magnitud de los hechos y el volumen de las evidencias.
De manera preliminar, la Fiscalía ha adelantado que el perjuicio económico causado al SeNaSa ascendería al menos a unos 15 mil millones de pesos, monto que, de acuerdo con la acusación, refleja el alcance de las supuestas maniobras financieras y de soborno.
