Santo Domingo.– La acusación presentada por el Ministerio Público en la Operación Cobra coloca al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim Albainy, como el presunto líder de una red de corrupción que habría operado dentro de la institución entre 2020 y 2025.
El Ministerio Público señaló que, antes de asumir el cargo, el exdirector ya recibía “beneficios como vehículos de alta gama y compromisos económicos”, los cuales luego se integraron al esquema ilícito descrito.
Según el expediente, las maniobras fraudulentas “iniciaron el 21 de agosto de 2020, cuando Santiago Marcelo Hazim Albainy fue designado como director ejecutivo del SENASA”, momento desde el cual habría articulado una estructura para la recepción de sobornos, manipulación financiera y desviación de fondos públicos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirmó que Hazim Albainy instaló un círculo operativo de confianza con el cual “se diseñó un entramado criminal estructurado y funcional” que incluía falsificación de estados financieros, manipulación de bordereaux, programas fraudulentos, privilegios a proveedores específicos y la autorización irregular de pagos millonarios.
Además de Hazim, el expediente señaló a varios colaboradores como parte del supuesto núcleo interno:
• Germán Rafael Robles Quiñones, consejero jurídico, acusado de avalar decisiones irregulares.
• Gustavo Enrique Messina Cruz, relacionado con la manipulación de procesos internos.
• Minerva Minaya Reyes, por su rol en maniobras administrativas fraudulentas.
• Cinty Acosta Sención, por presuntas adulteraciones documentales.
• Rafael Luis Martínez Hazim, imputado por intervenir en desvíos de fondos.
• Ramón Alan Speaker Mateo, acusado de facilitar decisiones fraudulentas.
• Heidi Mariela Pineda Perdomo, vinculada a facturación y procesos administrativos ilegales.
• Ada Ledesma Ubiera, señalada por presuntas maniobras administrativas irregulares.
De acuerdo a la investigación la red operó de manera prolongada, combinando corrupción administrativa, falsificación documental y lavado de activos, provocando un daño significativo al patrimonio del asegurador estatal.
