El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, publicó un extenso hilo en la red social X en el que analizó la evolución de la lucha contra la corrupción en el país. En sus mensajes, subrayó que tanto los casos del pasado como los que salen a la luz actualmente deben enfrentarse a la ley sin excepciones, marcando —según dijo— una clara diferencia frente a épocas en las que la impunidad predominaba.
Pimentel señaló que la República Dominicana vive un momento distinto, donde las instituciones investigan, actúan y rinden cuentas. Resaltó que la ciudadanía exige resultados y que el Estado responde con acciones concretas, dejando atrás lo que describió como “los silencios de ayer”. Afirmó que la transparencia dejó de ser un simple discurso para convertirse en una práctica permanente.
El funcionario aseguró que cada investigación enviada a los tribunales es una muestra de que el país no retrocede y que la justicia ya no responde a intereses particulares, sino a principios. “Los casos de corrupción avanzan cuando no hay pactos de silencio”, expresó, enfatizando que la nación superó la etapa de complicidades que limitaban la persecución de delitos administrativos.
De acuerdo con Pimentel, el cambio sustancial se refleja en el manejo de los expedientes: antes muchos se archivaban, mientras que hoy se enfrentan sin privilegios. Reiteró que la corrupción, sin importar el momento en que ocurrió o quiénes estén involucrados, debe responder ante la ley.
También destacó que el modelo institucional actual se caracteriza por no proteger a nadie y por aplicar consecuencias a quienes incumplen la normativa. “Antes los casos se conocían y se enterraban; hoy se conocen y se procesan”, agregó, al tiempo que insistió en que la justicia dominicana “no se negocia”.
En su mensaje, Pimentel afirmó que la cultura de impunidad quedó atrás y que las instituciones trabajan bajo la vigilancia activa de una ciudadanía más exigente. La transparencia —según planteó— es ahora un deber fundamental del Estado.
Finalmente, sostuvo que el país logró romper con un ciclo en el que la complicidad funcionaba como política pública. Señaló que la nueva regla es clara: toda persona que viole la ley debe asumir las consecuencias, sin importar el cargo, el momento o las circunstancias.
El mensaje del director de Contrataciones Públicas se suma a un clima nacional marcado por investigaciones y procesos judiciales que han puesto bajo escrutinio casos de presunta corrupción administrativa, tanto recientes como de gestiones anteriores.
