El jurista Francisco Álvarez Martínez advirtió que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), remitido desde la Cámara de Diputados al Senado, contiene disposiciones que generan contradicciones jurídicas y riesgos procesales, por lo que considera más prudente restablecer la Ley 10-15 como marco vigente mientras se impulsa una reforma más profunda y técnica en los próximos meses.
Álvarez Martínez explicó que, tras analizar el documento, varios artículos clave presentan inconsistencias con precedentes del Tribunal Constitucional. Señaló específicamente los artículos 8, relativo al plazo razonable, y 146, que establece la determinación de ese plazo. Según dijo, ambos chocan con lo dispuesto en las sentencias TC/0602/25, TC/0740/24 y TC/1106/24, lo que generaría inseguridad jurídica en la aplicación del nuevo régimen.
El jurista alertó además que permitir que la “complejidad” sea un criterio para ampliar plazos procesales abre una vía subjetiva que podría derivar en extensiones discrecionales. “Es una carta en blanco”, afirmó, insistiendo en que los tiempos deben ser objetivos y no depender de interpretaciones amplias del juzgador.
Una de sus preocupaciones centrales es el diseño del artículo 150, sobre duración máxima del proceso, particularmente cuando establece que el cómputo inicia con la “citación en calidad de imputado”. Álvarez argumenta que esto permitiría que una persona sea citada como “investigada” durante meses o años sin que el tiempo sea contabilizado, a pesar de ser sometida a actuaciones intrusivas como interrogatorios o requerimientos reiterados. Asegura que esto contradice definiciones constitucionales sobre la condición de imputado.
Otro punto conflictivo es el artículo 48, que convierte la imposición de medidas de coerción en un mecanismo automático para interrumpir la prescripción. Esto —según advierte— podría incentivar el uso abusivo de dichas medidas y debilitar la protección frente a investigaciones indefinidas.
Álvarez también calificó como “peligrosa” la propuesta del artículo 470, que establece la entrada en vigencia inmediata de todo el nuevo Código. A su juicio, ni el sistema judicial ni los actores procesales están preparados para asumir un cambio de paradigma sin un período de transición. “Garantizaría un desorden impensable”, expresó.
A pesar de las críticas, reconoció avances importantes dentro del proyecto, como la modernización del régimen de interrogatorios, mejoras en la regulación del procedimiento complejo, nuevas garantías para víctimas y querellantes y la actualización del marco para interceptaciones, con mayores controles y límites.
Francisco Álvarez Martínez concluyó que, por responsabilidad institucional, el Senado debería considerar restituir la Ley 10-15 y abrir un proceso legislativo más amplio, técnico y participativo. Aseguró que solo así se podrá construir un Código Procesal Penal moderno, alineado con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y acorde con las necesidades reales del sistema de justicia dominicano.
