Diversos sectores de la sociedad civil y líderes comunitarios han encendido las alarmas ante el grave incremento de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la Policía Nacional y unidades del DICRIM. La información, suministrada por el exsenador por La Romana, Iván Silva, detalla que múltiples jóvenes han perdido la vida en circunstancias que, según los familiares y residentes, permanecen sin ser esclarecidas por las autoridades.
Según Silva, este sombrío panorama de violencia policial contrasta dramáticamente con un reciente acto oficial en el que altos funcionarios estatales, incluyendo al presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se dedicaron a intercambiar reconocimientos, medallas y pergaminos. “La presencia de figuras como la senadora Faride Raful y el director de la Policía Nacional en dicha ceremonia ha sido criticada como una desconexión total con el dolor que viven las comunidades más vulnerables del país”, destacó.
Aseguró que el dolor de familias como las de Romy Alexander Martínez, Moisés Severino Monegro y Christopher Quezada Estévez se hace eco en los barrios, donde denuncian que, mientras ellos lloran la pérdida de sus seres queridos, simultáneamente se premian las acciones de los cuerpos policiales cuestionados. “Los parientes de las víctimas aseguran que estos actos protocolarios son una burla, especialmente cuando sus casos carecen de una investigación independiente y transparente.
La gravedad de las denuncias radica en la metodología de los hechos, pues familiares afirman que los jóvenes fueron abatidos sin mediar órdenes judiciales o procesos de investigación que justificaran el uso letal de la fuerza”.
El ex senador advierte que se reporta que algunos de los decesos ocurrieron dentro de sus viviendas o mientras realizaban actividades cotidianas, provocando la indignación generalizada y la convicción de que las víctimas no tuvieron derecho a un proceso judicial previo.
Puntualizó que según líderes comunitarios y comunicadores independientes han elevado la acusación a un nivel superior, señalando la existencia de órdenes directas para ejecutar operativos violentos en zonas de bajos recursos. Las denuncias más delicadas sugieren que algunos enfrentamientos podrían estar vinculados a conflictos por el control de puntos de droga, donde grupos criminales supuestamente pagan para eliminar a competidores, aprovechando la falta de supervisión y la presunta impunidad en ciertos operativos.
“Las evidencias recolectadas por organizaciones de derechos humanos detallan situaciones escalofriantes: se menciona el caso de un adolescente de 14 años con un disparo en la cabeza, un joven ejecutado con esposas puestas, y personas que habrían sido golpeadas hasta morir en destacamentos, incluso con denuncias de víctimas con mutilaciones. Estos testimonios subrayan la urgencia de un reclamo nacional e internacional para que se investiguen a fondo los casos y se determinen responsabilidades”, agregó Iván Silva.
Irán ante tribunales internacionales
Detalló que ante la supuesta inacción o falta de instituciones nacionales dispuestas a procesar estas muertes, abogados y defensores de derechos humanos se ha anunciado que escalarán los expedientes a organismos internacionales, buscando una investigación independiente sobre las actuaciones de la Policía Nacional.
Esta acción busca presionar por la justicia y transparencia, trascendiendo las fronteras dominicanas.
La demanda ante instancias internacionales incluiría no solo a los mandos operativos, sino también a figuras de alto nivel como el presidente Luis Abinader y miembros del Consejo de la Policía como Elena Villella, por su relación directa con la estructura de mando de los operativos.
Silva adelantó que con ello, se busca exponer la crisis de derechos humanos a nivel global, exigiendo sanciones y el fin de la presunta impunidad que rodea estos trágicos hechos.
