El Ministerio Público afirmó que el desplome del techo del Jet Set no fue un hecho inesperado, sino la consecuencia de años de advertencias ignoradas sobre filtraciones, daños visibles y señales de deterioro estructural dentro del establecimiento.
El Ministerio Público aseguró que el colapso ocurrido en el Jet Set Club el pasado mes de abril era “predecible y evitable”, debido a que los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, recibieron múltiples alertas sobre filtraciones severas, desprendimientos del techo y daños progresivos en la estructura del local. Según la acusación, estas advertencias eran constantes y se extendieron durante años, sin que se ejecutaran las acciones técnicas necesarias para corregir el problema de fondo.
El expediente detalla que empleados del establecimiento documentaron reiteradamente la presencia de goteras, acumulaciones de agua, desprendimientos de plafones y deformaciones visibles en áreas críticas del edificio. La Procuraduría señala que estas evidencias fueron reportadas con fotografías, mensajes y comunicaciones directas, pero los dueños respondieron únicamente con soluciones improvisadas, como la sustitución superficial de plafones, aplicación de paneles provisionales y uso de lonas internas para contener las filtraciones.
Para el Ministerio Público, estas intervenciones “cosméticas” no solo fueron insuficientes, sino que permitieron que el deterioro estructural continuara avanzando sin control. La acusación enfatiza que, pese a que existían señales claras —y en algunos casos urgentes— de riesgo, los propietarios mantuvieron la operación del establecimiento con eventos multitudinarios, sin ordenar una evaluación estructural profesional ni gestionar inspecciones técnicas ante las autoridades competentes.
El órgano acusador sostiene que, de haberse atendido las advertencias, el colapso pudo evitarse. La falta de una supervisión técnica especializada y la decisión de continuar con parches temporales habrían creado un escenario de vulnerabilidad acumulada que derivó en el desplome del techo, poniendo en riesgo a empleados, artistas y clientes.
La Procuraduría concluye que la conducta de los imputados configuró una negligencia prolongada, ya que ignoraron durante años señales evidentes de peligro y omitieron su responsabilidad legal de garantizar la integridad del inmueble.
