La reciente suspensión de Monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo, por presuntas irregularidades administrativas, ha reavivado el debate sobre la crisis interna y la pérdida de confianza que enfrenta la Iglesia Católica en la República Dominicana. Aunque el caso de Ozoria difiere en naturaleza de anteriores escándalos, su impacto institucional se suma a una cadena de controversias que han sacudido al clero dominicano en la última década.
El precedente más recordado es el del exnuncio apostólico Józef Wesołowski, un diplomático del Vaticano de origen polaco, acusado en 2013 de abuso sexual de menores durante su misión en el país. Su destitución y posterior expulsión del estado clerical marcaron un antes y un después en la forma en que la Santa Sede abordó los casos de pederastia dentro de sus filas.
El caso Wesołowski, revelado a través de una investigación periodística local, destapó una red de abusos cometidos contra niños en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos lustrabotas del Malecón de Santo Domingo. Los testimonios de las víctimas y las evidencias reunidas generaron una conmoción sin precedentes en la sociedad dominicana y en la diplomacia vaticana.
En agosto de 2013, el Papa Francisco ordenó la inmediata renuncia del nuncio, iniciando un proceso canónico que culminó con su expulsión del sacerdocio. Posteriormente, la Santa Sede impulsó un juicio penal histórico en su contra por abuso de menores y posesión de pornografía infantil. Sin embargo, antes de enfrentarlo, Wesołowski fue hallado muerto en su residencia del Vaticano en 2015, producto de un infarto.
El escándalo, calificado por expertos como un “sismo moral”, evidenció la necesidad de reformas profundas en la Iglesia y abrió el debate sobre la responsabilidad institucional frente a los crímenes cometidos por miembros del clero. Desde entonces, la Iglesia dominicana ha intentado recuperar su credibilidad, aunque episodios recientes —como la suspensión de Ozoria— vuelven a ponerla bajo escrutinio.
En el caso de Monseñor Ozoria, fuentes eclesiásticas indican que su suspensión responde a presuntas fallas administrativas en la gestión de recursos de la arquidiócesis. Aunque la Santa Sede no ha ofrecido mayores detalles, la medida ha generado inquietud entre los fieles y ha reavivado los cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo interno de la institución.
La Iglesia Católica dominicana, una de las más influyentes de la región, enfrenta hoy el reto de reconstruir su imagen pública y reafirmar su papel moral ante una sociedad que exige rendición de cuentas, justicia y coherencia entre el mensaje evangélico y la práctica institucional.
