En una amplia entrevista con Roberto Cavada, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, presentó los principales logros y retos de su primer año al frente de la institución, resaltando que su gestión ha estado marcada por un proceso de transformación integral que busca modernizar los servicios y fortalecer la protección de los recursos naturales.
Henríquez explicó que el ministerio pasó de cuatro a más de 25 permisos digitalizados, con la meta de superar los 50 en 2025, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial y en la estandarización de términos de referencia desarrollados junto al BID para agilizar la permisología ambiental. Como parte de este proceso, destacó la creación de CIGEO-RD, una plataforma que ofrece información en segundos sobre áreas protegidas, manglares, zonas de inundación y otras limitaciones ambientales, permitiendo a ciudadanos y desarrolladores saber si un proyecto es viable desde su fase conceptual.
El funcionario destacó que en solo 14 meses la institución ha otorgado más de 7,000 permisos, superando ampliamente el promedio histórico anual, lo que atribuyó al dinamismo generado por la digitalización. También abordó el papel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, recordando que el país pasó de un 10% de cobertura boscosa en 1970 a más de 44% en la actualidad, y subrayó que el 85% del agua que abastece hoteles, industrias, hogares y presas nace dentro de esas áreas, razón por la que se han intervenido más de 60 infraestructuras y se trabaja en mejores condiciones para los guardaparques.
Sobre la esperada Ley de Agua, Henríquez reconoció que continúa estancada por discusiones sobre gobernanza y por la preocupación social de una posible privatización del recurso, aunque aclaró que el país mantiene uno de los servicios más económicos de la región y necesita un marco legal que permita financiar la conservación hídrica. En materia de fiscalización, aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero”, logrando más de RD$700 millones en multas—frente a los 35 o 40 millones que se imponían antes de la pandemia—además de miles de sometimientos e incautaciones, aunque admitió que tanto el SEMPA como la Procuraduría Ambiental requieren más personal y presupuesto para cubrir el territorio con eficiencia.
Respecto a las vedas de especies marinas, afirmó que en el Distrito Nacional, Santiago y polos turísticos formales se observa una mejora en el cumplimiento, aunque persisten violaciones en zonas informales, razón por la cual han reforzado las sanciones y consideran necesario implementar medidas más drásticas contra establecimientos reincidentes. En el ámbito minero, Henríquez señaló que el país ha elevado el nivel de análisis técnico, citando las reuniones quincenales con Barrick Gold y el trabajo de paneles científicos nacionales e internacionales.
Aclaró que el proyecto Romero no cuenta con ningún permiso de explotación y que únicamente se solicitó el estudio de impacto ambiental para evaluar la propuesta con evidencia científica, del mismo modo en que se analizarán las exploraciones de tierras raras impulsadas por el Gobierno.
Finalmente, confirmó que el proceso de modernización de los vertederos continúa bajo la coordinación del fideicomiso especializado, incluyendo los avances relacionados con el financiamiento de la JICA para la mejora del vertedero de Duquesa.
