El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, formuló un firme y categórico llamado al Gobierno dominicano para que solicite e integre su participación activa en las negociaciones y esfuerzos de cooperación penal internacional sostenidos entre los Estados Unidos de América y otros Estados, orientados a desarticular estructuras criminales transnacionales, detener a sus cabecillas y avanzar en su desmantelamiento financiero.
Potentini sugirió vía el Ministerio Público dominicano, en el caso concreto del denominado Cesar el Abusador, aprovechar el revés y los cuestionamientos que este ha hecho al acuerdo firmado en el 2022 con la fiscalía de Puerto Rico, declarándose culpable por el tráfico internacional de drogas entre Colombia y República Dominicana, de unos 450 kilos de cocaína, cuyo destino final lo era el territorio norteamericano.
El CARD considera oportuno el integrarse a las nuevas posibilidades de renegociar el acuerdo con El Abusador, para romper el ciclo de impunidad que mantienen mafias políticas en complicidad con el crimen organizado, las cuales continúan ajenas al alcance de las leyes penales y más aún protegidas por sectores sombríos de la vida nacional. En ese sentido el país debe incluso en esta etapa acercarse a la fiscalía federal, que en los próximos días en Puerto Rico Contestaran las alegaciones del Abusador, en cuyo espacio procesal podría la República Dominicana obtener insumos vitales para incautar y asegurar bienes ilícitos, encauzar y perseguir mafias políticas, militares, policiales y empresariales que aún se mantienen como intocables y bajo el manto de la impunidad.
El CARD sostuvo que el Estado dominicano hoy más que nunca debe sumarse a los esfuerzos coordinados que se desarrollan en la región para combatir fenómenos devastadores como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción publica, el tráfico de armas y otras modalidades delictivas que amenazan la seguridad nacional, erosionan la institucionalidad democrática y lesionan gravemente los derechos fundamentales.
Aplicación inmediata y enérgica de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio.
En ese mismo orden, el Colegio de Abogados emplazó a las autoridades a implementar sin dilación la Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio, instrumento jurídico moderno y robusto concebido para perseguir, incautar y decomisar bienes y activos derivados o instrumentales del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción administrativa y demás delitos graves establecidos en su ámbito material.
El Colegio de Abogados advirtió que la criminalidad organizada ha evolucionado hacia redes más complejas, con estructuras económicas capaces de corromper instituciones, infiltrar sectores productivos, penetrar el poder político y desvirtuar los pilares del Estado de Derecho. En ese sentido, subrayó que: La lucha contra el crimen no es opcional, es constitucional, legal y moralmente obligatoria, de igual forma la cooperación internacional no es injerencia, es corresponsabilidad global, así como la persecución de bienes ilícitos no es retaliación, es justicia patrimonial.
