Surge en el ámbito legislativo una novedosa iniciativa que busca cambiar el modo en que se calcula y paga la cesantía en el país, en medio de las discusiones sobre la reforma laboral ya aprobada por el Senado. La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para analizar los diferentes proyectos de ley que actualmente se encuentran en consideración, con especial atención en uno presentado por la diputada Carmen Ligia Barceló.
Este proyecto propone establecer un tope máximo de seis meses de salario para el pago de la cesantía, en contraste con el método tradicional que calcula la indemnización en función del tiempo laborado y el salario del trabajador. La diputada Barceló argumentó que esta medida busca equilibrar los beneficios de los empleados con la sostenibilidad financiera de las pequeñas empresas, muchas de las cuales enfrentan dificultades para cumplir con estos pagos y en algunos casos, se ven obligadas a cerrar sus operaciones.
El análisis de la comisión, encabezada por el congresista Mélido Mercedes, contempla además otros tres proyectos similares, incluyendo el aprobado en doble lectura por el Senado y propuestas de voceros partidarios. La tarea consiste en comparar las distintas propuestas, analizar sus puntos clave y emitir un informe favorable que podría dar paso a la aprobación definitiva.
El tema de la cesantía ha sido uno de los puntos más controvertidos en las discusiones de reforma laboral. A pesar de su rechazo en el Senado en varias ocasiones, el sector empresarial ha insistido en que cualquier modificación en este régimen no puede entenderse como una reforma real sin atender esta temática.
Este proceso de revisión, que se espera concluya a mediados de noviembre, busca aprobar unas reformas que equilibren los derechos de los trabajadores con la viabilidad económica de las empresas, en un contexto en el que la economía y las relaciones laborales están en constante evolución. La propuesta de establecer un tope máximo para el pago de cesantía será crucial en la discusión final, que deberá votar la Cámara de Diputados para avanzar hacia su posible aprobación y promulgación.
