Durante su intervención en Esto no tiene nombre, el abogado y analista jurídico Francisco Álvarez explicó en qué consiste un estado de excepción y cuáles son las facultades extraordinarias que adquiere el Gobierno cuando se activa esta figura constitucional.
Según detalló, en circunstancias excepcionales como desastres naturales, pandemias o crisis de seguridad, el Estado puede limitar temporalmente ciertos derechos fundamentales con el objetivo de proteger la vida y el orden público.
“El Estado tiene la capacidad en esas circunstancias de limitar la circulación, de limitar las labores, de cerrar vías o parques, e incluso restringir la posibilidad de adquirir bienes y servicios que no sean esenciales”, precisó el jurista.
Restringir la movilidad
Uno de los principales poderes del Estado durante un estado de excepción es controlar la movilidad de las personas.
Esto incluye imponer toques de queda, limitar el tránsito en determinadas zonas o exigir permisos especiales para circular.
Álvarez recordó que este poder se aplicó ampliamente durante la pandemia del COVID-19, cuando las autoridades establecieron horarios de desplazamiento y multas por incumplimiento.
“El Estado puede decir de tal hora a tal hora se puede transitar, y fuera de ese horario, nadie puede circular”, explicó.
Suspender labores y actividades comerciales
Otra facultad clave del Ejecutivo es suspender temporalmente las labores o el funcionamiento de negocios.
El objetivo es proteger la integridad física de los ciudadanos y reducir riesgos en momentos de emergencia.
Sin embargo, Álvarez advirtió que esta medida debe acompañarse de políticas compensatorias para no afectar desproporcionadamente a trabajadores y empresas.
“El Estado puede cerrar negocios o suspender labores, pero debe hacerlo con razonabilidad y claridad jurídica, evitando arbitrariedades”, señaló.
Cerrar espacios públicos y restringir servicios
El abogado explicó que también puede cerrarse el acceso a espacios públicos —como parques, playas o centros de recreación—, además de limitar la compra o circulación de bienes no esenciales.
Estas decisiones buscan garantizar el orden y priorizar los recursos disponibles para la población en riesgo.
Proporcionalidad y transparencia ante todo
Aunque estas facultades otorgan al Estado un poder excepcional, Álvarez insistió en que deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad y transparencia.
Recordó que la restricción de derechos solo puede darse en circunstancias extremas y siempre con supervisión del Congreso Nacional.
“Esos poderes existen para proteger a la ciudadanía, no para vulnerarla. Por eso, cada decisión debe tomarse con transparencia y proporcionalidad”, enfatizó.
El jurista citó como ejemplo la pandemia, cuando la medida fue útil para salvar vidas, pero también evidenció la necesidad de controlar el uso de los fondos públicos y evitar abusos.
Un poder extraordinario que exige equilibrio
Francisco Álvarez concluyó que los llamados “superpoderes” del Estado solo se justifican cuando existe una amenaza real y comprobable.
Más allá de las facultades que otorga la Constitución, el verdadero desafío —dijo— es garantizar que se ejerzan con responsabilidad democrática y rendición de cuentas.
“Los estados de excepción deben servir para cuidar a la gente, no para relajar los controles”, subrayó.