La sentencia del Tribunal Constitucional, TC/0765/24, que declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley núm. 10-15, reformatoria del Código Procesal Penal, reabrió un debate crucial para el futuro del sistema de justicia dominicano. Esta decisión, al suspender sus efectos por un año para evitar un vacío normativo, nos colocó ante una oportunidad institucional sin precedentes para repensar colectivamente el ordenamiento procesal penal de la República Dominicana.
Esta tarea no debe limitarse a un procedimiento al vapor del mero cumplimiento formal de los procedimientos legislativos que dieron lugar a la inconstitucionalidad. Más bien, debe concebirse como un ejercicio de concertación democrática y técnica, donde participen todas las fuerzas vivas de la nación: el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las universidades, la sociedad civil, los gremios profesionales, las asociaciones empresariales y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La legitimidad y efectividad de una norma procesal de esta envergadura no dependen solo de su técnica jurídica, sino del grado de consenso social que la respalde. En ese sentido, la reforma del Código Procesal Penal debe ser producto de un diálogo plural que reconozca las necesidades de los distintos sectores, que no solo escuche las voces de los operadores del sistema de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial) que es lo que ha ocurrido, sino también las de los actores sociales en la materia.
En ese sentido, el reto es lograr que el nuevo Código no se limite a castigar, sino que también garantice equilibrio y justicia en sus normas, preservando la proporcionalidad y razonabilidad que deben regir sus disposiciones. Por tratarse de una norma con incidencia directa en la estructura social, resulta indispensable escuchar y considerar todas las perspectivas, a fin de mantener un equilibrio normativo que no favorezca de manera desproporcionada a un solo sector.
Desde FINJUS consideramos que la discusión del nuevo CPP debe trascender los espacios técnicos y abrirse a la ciudadanía informada. Este proceso debe servir para revisar y fortalecer instituciones esenciales como las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la razonabilidad de las medidas de coerción y la protección de víctimas y testigos. Asimismo, es el momento oportuno para corregir las deficiencias que han generado inseguridad jurídica y retrasos procesales, y avanzar hacia un modelo de justicia más eficiente, transparente y humano.
No podemos perder de vista que el Código Procesal Penal es la columna vertebral del sistema penal dominicano, y su correcta aplicación incide directamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones de justicia. Por ello, exhortamos asumir este debate con visión de Estado, garantizando una deliberación amplia, respetuosa de los procedimientos constitucionales y abierta a la colaboración multisectorial. La actualización del marco procesal penal no debe ser una tarea exclusiva del poder público, sino un proyecto nacional, que refleje las aspiraciones colectivas de justicia, equidad y seguridad jurídica.
Solo mediante un proceso inclusivo y transparente podremos asegurar que la reforma del Código Procesal Penal responda a los desafíos actuales del país, consolide el Estado social y democrático de derecho, y refuerce la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
