La familia Reyes, una de las querellantes en el caso Calamar, demandó este jueves al Estado dominicano concluir el pago correspondiente a los terrenos expropiados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, asegurando que ellos no han realizado ningún acto irregular ya que esos terrenos eran de su propiedad.
El abogado de la familia, Patricio Mañón Amador, explicó que el Estado solo ha pagado el 80% del monto total, por lo que reclaman que se les entregue el 20% restante de la indemnización ordenada.“Los familiares están demandando del Estado que pague el 20% que falta de un 80% que ya se pagó.
Eso es con relación a los terrenos del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez”, indicó Mañón Amador.El representante legal afirmó que los terrenos fueron declarados de utilidad pública desde 1955 y que los Reyes cuentan con títulos que los acreditan como legítimos propietarios, así como una sentencia que respalda su reclamación.
“El Ministerio Público ha planteado una incongruencia, diciendo que la familia se asoció con funcionarios para que esos pagos fueran emitidos, y es de conocimiento de todo el mundo que esos terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1955 y que desde esa fecha existen los títulos que los acreditan como dueños”, explicó el abogado.
Mañón Amador sostuvo que los miembros de la familia Reyes no tienen ninguna vinculación penal con los exfuncionarios mencionados por el Ministerio Público en el expediente Calamar.
“Nosotros estamos demandando que se levante el 20%, ya que las personas que ellos quieren vincular a irregularidades son Donald Guerrero, Ángel Lockward y Marcial Reyes, y de parte de la familia Reyes no hay ni una sola querella que pese sobre esos imputados”, aclaró.
