“La minería seca puede dejar bosques productivos, no desiertos sin vida. El futuro del sector construcción dependerá no solo de levantar edificios y carreteras, sino también de garantizar que las canteras y minas que proveen los materiales se transformen en ecosistemas vivos que devuelvan agua, oxígeno y biodiversidad a nuestras comunidades.”
La minería seca en la República Dominicana sostiene gran parte del sector construcción. Nuestras infraestructuras descansan sobre tres pilares: cemento, agregados y acero. Los materiales alternativos son todavía incipientes, y las construcciones en madera —antes comunes— se han reducido drásticamente. A futuro, las tendencias de construcción sostenible podrían rescatar y ampliar su uso, pero por el momento, la minería de agregados sigue siendo el motor silencioso que permite levantar viviendas, puentes y carreteras.
En este contexto, resulta imprescindible reflexionar sobre el impacto ambiental y social de esta actividad. Cada piedra y cada metro cúbico de arena extraída cuentan una historia que no termina en la obra terminada, sino que se prolonga en la huella que queda sobre el territorio.
La restauración ecológica es el compromiso ineludible que debe acompañar a toda explotación minera. No se trata únicamente de cumplir con un requisito legal, sino de entender que cada polígono explotado debe transformarse en una oportunidad de devolver vida al suelo, tratando de que sea mejor inclusive de como era antes de la explotación.
El proceso debe comenzar durante la misma explotación: nivelar terrenos, revitalizar suelos con nutrientes, planificar la siembra de especies forestales, nativas y/o frutales que fortalezcan la biodiversidad y eviten lo que se conoce como un “desierto verde”, es decir, áreas reforestadas pero sin valor ecológico.
Los beneficios son claros: reducción de la temperatura, captura de carbono, almacenamiento de agua, prevención de inundaciones y, sobre todo, un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades vecinas pudiendo tener inclusive un nivel de rentabilidad adicional aparte de la explotación del suelo ya concluida. Creo firmemente que los planes de manejo forestales, la siembra de especies agroforestales acompañadas siempre de especies nativas es la mejor forma de mantener nuestro país verde, lleno de agua almacenada en las cuencas y sobre todo con temperaturas más bajas. Obviamente que esta actividad no aplica en las áreas protegidas de las categorías 1 a la 4 ni en la mayoría de sus áreas de amortiguamiento.
Sin embargo, hay que diferenciar con claridad: mientras la minería seca tiene un camino viable hacia la restauración y la sostenibilidad, la extracción de agregados de los ríos en la República Dominicana es, en su estado actual, ilegal, débil y dañina. El país no cuenta con la experiencia técnica, la maquinaria ni una regulación efectiva que garantice que esta actividad pueda realizarse de forma sostenible. Todo lo contrario: es hoy el principal causante de la erosión en los cauces, de la pérdida de biodiversidad acuática y de que cada día veamos menos agua correr en la superficie. Las heridas abiertas en los lechos obligan al agua a filtrarse hacia el subsuelo, dejando ríos con apariencia de desiertos pedregosos, lo que compromete la seguridad hídrica y la vida de las comunidades.
En el plano legal, aunque no existe una ley sectorial moderna que regule la minería de agregados, la Ley 64-00 de Medio Ambiente establece la restauración como un deber general del Estado y de quienes alteran los ecosistemas. Los permisos ambientales incluyen planes de cierre que, en teoría, deben garantizar la rehabilitación del área, que actualmente carecen de un seguimiento continuo que obligue a la empresa minera a cumplir y con la debilidad que solo lo exige para cuando el total de la mina fue explotada y no fracciona la explotación en polígonos menores que puedan irse restaurando paralelo a la explotación. El desafío está en asegurar que esas condiciones se cumplan con rigor, y que las empresas entiendan que la restauración no es un gasto adicional, sino parte integral del costo de la operación que puede convertirse también en rentable en algunos lugares.
El sector constructor enfrenta una paradoja: necesita cada día más materiales para responder a la demanda de viviendas e infraestructura, pero la base de esa provisión, las canteras y minas, suele convertirse en heridas abiertas que afectan a comunidades, contaminan aguas, generan polvo y destruyen biodiversidad.
El constructor, que se enorgullece de entregar proyectos terminados, rara vez puede garantizar a su cliente final que los materiales usados provienen de una minería responsable. Y peor aún, el país carga con la factura ambiental de proyectos que se levantaron sin pensar en el mañana.
Soluciones y ruta de valor
El sector minero no debe limitarse únicamente a suplir las necesidades inmediatas del sector construcción. Debe evolucionar hacia un modelo que también genere soluciones sostenibles y valor a largo plazo para el país y las comunidades. Para lograrlo, se proponen cinco líneas concretas:
1. Restauración progresiva y planificada: dividir la explotación en polígonos y restaurar cada área a medida que se avanza, evitando dejar extensiones degradadas sin intervención. De esta forma, la mina se convierte en un ciclo continuo de extracción y recuperación.
2. Gestión integral del agua: implementar sistemas de lagunas de sedimentación, filtrado e infiltración que permitan un reciclaje casi completo del agua usada en el lavado de agregados, reduciendo la presión sobre las fuentes hídricas.
3. Planes de cierre verificables: establecer que MIMARENA y el MEM no solo aprueben planes de cierre, sino que también apliquen un seguimiento riguroso, con sanciones claras al incumplimiento. La restauración debe ser una condición de operación, no un compromiso a futuro.
4. Vinculación con la Taxonomía Verde: integrar la restauración ecológica como un criterio dentro de la Taxonomía Verde Dominicana, de modo que los constructores que utilicen agregados de minas responsables accedan a mejores condiciones financieras e incentivos estatales.
5. Certificación nacional de minería responsable: crear un sello de calidad que identifique a las empresas que cumplen con estándares de restauración y sostenibilidad. Este distintivo no solo facilitaría la elección del constructor, sino que también fortalecería la confianza del mercado y la reputación internacional del país.
El marco legal existe, Ley 64-00 y la Ley Minera 146-71, pero necesita fortalecerse con mecanismos claros de cumplimiento y vigilancia. La restauración ecológica no debe verse como un lujo o una imposición burocrática, sino como un deber ético, una obligación legal y una oportunidad económica.
El sector construcción, que tanto se beneficia de los agregados, debe ser protagonista de esta transformación: exigir materiales responsables, impulsar certificaciones y asumir que cada obra construida debe estar acompañada de un ecosistema restaurado.
La restauración ecológica garantiza sostenibilidad ambiental, acceso a financiamiento verde, reputación internacional y seguridad para las comunidades. Es, al mismo tiempo, una obligación legal, una exigencia social y una oportunidad estratégica para el sector constructor.
“Cada casa, cada escuela y cada carretera que levantamos debe ir acompañada de un bosque que respire por ella. Esa es la herencia que dejaremos a las generaciones futuras.”
Sobre el autor
Federico Franco es ingeniero industrial, tecnólogo en construcción civil, gestor ambiental y actualmente director de operaciones de Agregatec SRL, empresa dedicada a la extracción y procesamiento de agregados para la construcción. Fue viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente hasta septiembre del 2024, y cuenta con una maestría en Gestión Ambiental con concentración en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de la PUCMM. Su experiencia combina la gestión técnica y empresarial con la visión de impulsar una minería seca responsable y orientada a la restauración ecológica.
