Consejo Nacional de la Magistratura evaluará hoy el desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia

Consejo Nacional de la Magistratura evaluará hoy el desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia

Este jueves se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, instancia responsable de evaluar el desempeño de los jueces en funciones dentro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Este proceso histórico es el primero que se realiza basado en méritos y resultados concretos, y representa un paso fundamental para fortalecer la transparencia y la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana.

Los jueces en evaluación son Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moiss Ferrer Landrón, quienes cuentan con una sólida trayectoria dentro del sistema judicial y han liderado importantes áreas y tribunales en la justicia civil, comercial, laboral y administrativa.

Pilar Jiménez Ortiz, designada en 2017 y presidenta de la Primera Sala desde 2019, enfrentó un atraso histórico de más de 11,600 expedientes y dictó un récord institucional de más de 24,700 decisiones de casación hasta agosto de 2025. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y también ejerce la docencia en la Escuela Nacional de la Judicatura y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Manuel Alexis Read Ortiz, también nombrado en 2017 y presidente de la Tercera Sala desde 2019, supervisó la resolución de más de 15,800 casos, incluyendo expedientes pendientes desde 1984. Es doctor en Derecho con más de 30 años de experiencia y reconocido autor en doctrina jurídica.

Moiss Ferrer Landrón, juez desde 2017 en la Suprema Corte e integrante de la Tercera Sala, ha sido ponente de más de 450 proyectos de decisión y juez de instrucción en procesos de alta sensibilidad. Posee estudios avanzados en derecho constitucional, administrativo y penal.

Esta evaluación, abierta al escrutinio público, refuerza la meritocracia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, buscando garantizar la estabilidad y seguridad jurídica del sistema. Es un paso decisivo para alejarse del clientelismo y la improvisación, consolidando un modelo judicial transparente y previsible.