Santo Domingo, RD. – Joseph Abreu, coordinador general del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, se refirió al caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otros temas de actualidad en una entrevista para el programa “Esto No Tiene Nombre”.
Abreu destacó la importancia de una investigación completa y transparente y pidió que las acciones contra los implicados sirvan como ejemplo para disuadir futuros actos de corrupción.
El coordinador expresó la preocupación de Participación Ciudadana por el caso Senasa, principalmente porque los actos de corrupción afectan los servicios de salud de las personas más vulnerables. Aunque reconoció que el Ministerio Público inició una investigación en julio del año pasado, valoró la prioridad que el presidente de la República ha dado al caso, lo que, en su opinión, contribuirá a eficientizar el servicio de Senasa.
Vulnerabilidad del sistema y exigencias de la sociedad
Abreu explicó que la vulnerabilidad en Senasa se centraba en la utilización de fondos no reclamados por los afiliados. A diferencia de las ARS privadas, los involucrados eran personal de la propia institución, que lograron vulnerar los sistemas de alerta interna.
El representante de Participación Ciudadana exigió al Ministerio Público que se establezcan responsabilidades penales y civiles para recuperar el patrimonio público y resarcir al Estado. Subrayó que estas acciones deben servir como ejemplo para que funcionarios públicos y el sector privado comprendan que los fondos destinados a la salud de los ciudadanos no se deben comprometer.
Código Penal y régimen de consecuencias
Consultado sobre el nuevo Código Penal, Abreu indicó que el aumento de las penas se justifica en la mayoría de los casos. Señaló que, especialmente en los casos de corrupción, se deben imponer sanciones severas, pues los delitos que afectan fondos públicos son más graves que aquellos que afectan recursos privados.
Criticó además las recientes condenas por corrupción, que consideró leves y sin el mensaje disuasorio adecuado para la sociedad. Lamentó que el delito de corrupción no se haya considerado imprescriptible en el nuevo Código Penal, aunque el plazo de prescripción se haya aumentado de 10 a 20 años.
Necesidad de aplicar la ley y combatir la corrupción
El activista cívico coincidió con el informe del Departamento de Estado de EE. UU., que critica la impunidad y la falta de un régimen de consecuencias efectivo en República Dominicana. Según Abreu, el país necesita aplicar la ley de manera contundente.
Destacó que el nuevo marco jurídico –que incluye el Código Penal, la nueva Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Extinción de Dominio– contribuirá a fortalecer la supervisión y a aumentar los riesgos para los actores de corrupción.
Abreu lamentó que empresas estadounidenses continúen denunciando la manipulación en los procesos de compras y contrataciones para favorecer compañías con conexiones políticas, una práctica que, según él, ha sido recurrente en la cultura política del país. Participación Ciudadana espera que la implementación de estas nuevas leyes fortalezca la lucha contra la corrupción.
