El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó este lunes a la atención del país sobre un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que según evidencia pública y estándares internacionales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El PLD defiende el derecho a la seguridad ciudadana y la misión de perseguir el crimen, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
En los últimos meses se han registrado hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos. El periódico Diario Libre registró al menos 50 muertes en presuntos “intercambios de disparos” entre enero y abril de 2025. Para el 2 de junio de 2025, el conteo ascendía a 65; y al 4 de julio ya eran 82 casos en el semestre, según el mismo seguimiento. El 22 de julio de 2025, cámaras de seguridad captaron en Baní a agentes del DICRIM disparando a un hombre en una galería; el hecho fue denunciado por familiares como ejecución.
Al mismo tiempo, el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los ultimos cuatro años.
•Los fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden subieron hasta llegar a los 227 casos en el 2024, según datos oficiales
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios de actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, el Reglamento de uso de la fuerza del Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispone que la fuerza letal es la última medida; debe minimizar daños y ser congruente y proporcional.
Cabe recordar que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias en 2024 sobre el derecho a la vida en el contexto de acciones policiales.
·Exigimos que de inmediato se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota —estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales)—, garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
·Exigimos también la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones.
·Demandamos el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
·Asimismo, requerimos la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad.
·Solicitamos, además, una auditoría externa semestral del uso de la fuerza a cargo del Defensor del Pueblo, con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el fortalecimiento de Asuntos Internos de la Policía con independencia operacional.
