La acción judicial presentada por el Estado dominicano contra la minera Falcondo no solo busca rescindir un contrato de casi siete décadas, sino también responde a reclamos históricos de comunidades afectadas por la explotación de níquel en el país.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) sometió la demanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el pasado 22 de julio de 2025, acusando a Falcondo de abandonar la concesión en 2024, dejar a miles de trabajadores desempleados y generar daños ambientales que superarían los 25 millones de dólares.
La instancia destaca que, tras el cese de operaciones, comunidades enteras han sufrido deterioro económico, crisis de salud y contaminación en zonas de San Cristóbal, donde se ubican terrenos que la empresa vendió en enero de 2024 a Gas & Oil Energy GOE, S.R.L., por 11 millones de dólares, sin autorización estatal.
“Se trata de una herida abierta que durante décadas afectó la vida de miles de familias en las cercanías de la mina. Ahora el Estado debe responder y garantizar la reparación de los daños”, comentó un dirigente comunitario consultado por este medio.
Los abogados del Fonper, Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, argumentan que Falcondo incumplió obligaciones esenciales del contrato, incluyendo el pago de impuestos y compromisos laborales desde 2023. Esto, aseguran, permite invocar legalmente la rescisión del acuerdo.
El contrato original, firmado en 1956, convirtió al ferroníquel en una de las principales exportaciones del país. No obstante, los beneficios económicos contrastan con las denuncias de deforestación, contaminación de fuentes de agua y pérdida de medios de subsistencia para comunidades rurales.
La demanda también incluye a Gas & Oil Energy GOE por haber adquirido terrenos comprometidos en convenios suplementarios suscritos entre el Estado y Falcondo en 1969 y 1971.
Mientras el proceso avanza en los tribunales, la discusión pública se centra en cómo República Dominicana debe replantear el modelo de explotación de sus recursos naturales, de modo que priorice la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades por encima de los intereses corporativos.
