Profesionales del sector inmobiliario coincidieron este jueves en que garantizar la seguridad jurídica en materia inmobiliaria es esencial para impulsar la inversión, promover el desarrollo urbano sostenible y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Durante un encuentro académico en la Universidad APEC (Unapec), el decano de Humanidades, Alejandro Moscoso Segarra, destacó que “el registro inmobiliario es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en las transacciones de bienes raíces, partiendo de que permite identificar de manera clara a los propietarios, la situación legal del inmueble y los derechos que sobre él recaen”.
Moscoso Segarra subrayó que uno de los pilares esenciales en esta materia es la mensura catastral, la cual “representa mucho más que una labor técnica: es la base para la certeza registral, para evitar conflictos de propiedad y para fortalecer la institucionalidad en el manejo del suelo”.
También resaltó la relevancia del proceso de digitalización del registro inmobiliario, un avance que “no solo mejora la eficiencia y la transparencia del sistema, sino que además democratiza el acceso a la información, reduce los tiempos de respuesta y limita significativamente los espacios para la discrecionalidad y la corrupción”. Puntualizó que este salto tecnológico debe ir acompañado de una visión integral que articule a todos los actores del sistema y ponga a la ciudadanía en el centro.
En esa línea, el ingeniero Ridomil Rojas, director nacional de Mensura Catastral, reiteró el papel de la mensura como pilar técnico del ordenamiento territorial e instó a las universidades a fortalecer la formación en ingeniería, arquitectura y derecho con contenidos actualizados para enfrentar los desafíos éticos y tecnológicos actuales.
Por su parte, Carlos Rondón, subadministrador de Tecnología del Registro Inmobiliario, presentó los avances en digitalización y plataformas seguras, afirmando que “estamos trabajando por un registro inmobiliario más eficiente, transparente y accesible. La colaboración con las universidades es clave para crear el talento que lo sostenga en el tiempo”.
En la misma dirección, Joselin Vásquez, registradora de Títulos del Distrito Nacional, señaló que “la seguridad jurídica es un derecho ciudadano y un pilar para la confianza en el sistema económico. En nuestras universidades debemos formar juristas con visión ética, tecnológica y humanista”.
Los participantes coincidieron en que la educación superior tiene un rol esencial para preparar profesionales competentes, éticos y comprometidos con la responsabilidad pública, capaces de enfrentar los retos del ordenamiento territorial, la transformación digital y el fortalecimiento institucional.
