La reciente aprobación en primera lectura del nuevo Código Penal por parte del Senado ha generado una oleada de reacciones positivas desde distintos sectores políticos, jurídicos y sociales, que consideran este paso como un avance significativo para el país.
Legisladores del PRM destacan modernización
Legisladores del oficialismo han manifestado su respaldo a la nueva normativa. El diputado Vicente Sánchez Henríquez afirmó que la República Dominicana necesita un marco jurídico adaptado a los tiempos actuales, capaz de sancionar delitos como el sicariato, el acoso, la corrupción y los crímenes cibernéticos. A su juicio, la aprobación representa una expresión clara de voluntad política.
En esa misma línea, el diputado Ramón Bueno expresó que “no hay marcha atrás” en el proceso de aprobación, asegurando que la Cámara de Diputados está lista para validar el proyecto tan pronto reciba el documento final. Destacó que dotar al país de una norma moderna es una responsabilidad impostergable.
Abogados valoran avance jurídico
Desde el sector legal, juristas como Randy Oro y David Brito Reyes calificaron de positiva la aprobación del nuevo Código Penal. Oro señaló que el código actual está desfasado y que se necesitaba con urgencia una actualización que responda a los desafíos actuales del crimen y la justicia. Brito, por su parte, destacó que la legislación ahora contempla delitos emergentes como los cibernéticos y nuevas formas de violencia sexual.
Grupos religiosos valoran sanción de crímenes graves
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) también expresó su respaldo al nuevo código. El pastor Feliciano Lacen Custodio valoró la inclusión de figuras penales como el feminicidio y el sicariato, y urgió a que el proceso legislativo se complete lo antes posible para brindar mayor protección a la sociedad.
Discrepancias sobre las causales
A pesar del respaldo mayoritario, la exclusión de las tres causales del aborto del nuevo código ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, movimientos feministas y algunos legisladores. Consideran que esta omisión representa un retroceso en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, otros actores, como el diputado Eddy Montás, han señalado que separar las causales del resto del proyecto fue una decisión correcta, ya que ese punto había bloqueado durante años la aprobación de todo el código. En su opinión, las causales deben discutirse por separado con profundidad y respeto, sin seguir frenando lo urgente ni lo esencial.
