El senador de provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo este jueves que el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, no le favorece en nada a los legisladores.
Asimismo aseguró que la pieza legislativa aprobada en el Senado de la República “es un disparate”.
“Esa ley no nos favorece a nosotros en nada. Nosotros no manejamos ni un centavo del estado dominicano. Yo no recibo ni un chele del estado dominicano. Que demonio me fiscalizan a mí. A mí me dan 600 seiscientos 21 mil pesos del barrilito y gasto un millón de pesos en mi provincia. Que carajo tengo yo que reportarle al estado esos recursos. Ni los nietos, ni los hijos y ni el esposo de la hija mía puedan participar en un negocio en el estado. Eso es un disparate. Eso es un disparate, debemos de pensar”, expresó el congresista.
Marte aseguró que la ley de Contrataciones Públicas no se le puede aplicar a su esposa e hijos porque no son empleados del gobierno y ni tampoco compran por gobierno y no están en nómina.
Antonio Marte ofreció estas declaraciones en su turno de exponencia en la sesión ordinaria del Senado de la República.
Se recuerda que el Pleno del Senado aprobó en primera lectura con modificaciones, el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa remitida por la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa fue sometida por los diputados Franklin Ramírez de los Santos, Dilenia Altagracia Santos Muñoz, Gabriela María Abreu Santos y María de los Ángeles Rodríguez Bonseñor.
Esta normativa establece un régimen jurídico de las contrataciones públicas mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicados, a los fines de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las utilidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal, criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
El propósito de este proyecto de ley es fortalecer la facultad regulatoria del organismo rector, a la vez que extiende el alcance, capacidad de los controles para obtener una máxima transparencia.
La propuesta contempla la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual estará organizada en función de la técnica de centralización de las políticas y normas, así como de la técnica de descentralización de la gestión.
