Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró la apertura y el espíritu de diálogo mostrado por la Cámara de Diputados en el proceso de discusión del proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin embargo, expresó su preocupación por la aprobación de una contribución especial que consideran desproporcionada y sin respaldo técnico.
En ese sentido, la AIRD reconoció los esfuerzos realizados por la comisión especial de la Cámara Baja, así como el compromiso del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, para garantizar un proceso participativo y transparente. También saludaron los ajustes realizados al proyecto que, según indican, corregían disposiciones que afectaban directamente a la manufactura nacional.
No obstante, el gremio industrial cuestionó la falta de un estudio técnico que justifique el monto de la contribución especial de RD$20 por habitante que plantea la modificación. Según expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, los montos aprobados “siguen siendo desproporcionados” y no han sido debidamente explicados.
“Incluso hemos propuesto que se incluyan fondos públicos que ya manejan entidades con objetivos similares al Fideicomiso DO Sostenible, como es el caso de ECO5RD, creada por el Decreto 28-23”, señaló Pujols.
La AIRD reiteró su apoyo a los gobiernos locales y reconoció los desafíos financieros que enfrentan los ayuntamientos, pero insistió en que la solución no puede recaer únicamente en una contribución especial que debe ser canalizada con enfoque en la gestión eficiente de residuos y el cierre de vertederos a cielo abierto.
Finalmente, el gremio confió en que el Senado continuará el diálogo de forma plural y técnica, permitiendo corregir aspectos que aún contradicen mejores prácticas internacionales. Entre estos, mencionaron disposiciones de carácter contractual que, a juicio de la AIRD, no deberían estar contempladas en una legislación de este tipo.
“Todavía hay tiempo para mejorar el proyecto y garantizar que el país cuente con una ley justa, sostenible y competitiva en materia de gestión de residuos sólidos”, concluyó el representante del sector industrial.
