Santo Domingo. — Durante al menos una década, una estructura criminal integrada por funcionarios públicos y empresarios habría operado un esquema de corrupción institucionalizada en diversas instituciones del Estado, según revela el expediente del Ministerio Público en el marco de la Operación Lobo.
De acuerdo con las autoridades, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) fungía como eje central para canalizar sobornos millonarios destinados a facilitar contrataciones, omitir supervisiones y agilizar pagos de servicios de vigilancia privada. Las instituciones afectadas incluyen a Edesur, Edenorte, Senasa, Inaipi y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El expediente indica que los pagos se disfrazaban contablemente bajo conceptos como “comisiones” o “pagos por servicios”, aunque en realidad eran sobornos dirigidos a garantizar la continuidad de los contratos y eliminar cualquier tipo de fiscalización efectiva.
Uno de los casos detallados señala que desde Senase se transfirieron más de RD$15 millones a través de cheques y transferencias electrónicas en beneficio de exfuncionarios de Edesur. En Senasa, se registraron pagos periódicos por más de RD$3 millones a Elías Camaño Pérez, entonces encargado de seguridad de esa institución.
Asimismo, en Edenorte, el exjefe de seguridad Andrés Pacheco Valera habría recibido RD$5.1 millones mediante pagos mensuales acordados en reuniones privadas. En el caso del Inaipi, se documentaron sobornos de hasta RD$200,000 por adjudicación, excluyendo a empresas competidoras y afectando directamente la contratación de personal de vigilancia para los centros infantiles.
“El esquema operó de manera sostenida desde al menos el año 2012 hasta el 2022, consolidándose como una práctica habitual de corrupción administrativa y lavado de activos”, sostiene la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Cómo operaba el esquema
El Ministerio Público describe que la red estaba conformada por encargados de seguridad, miembros de comités de compras y contrataciones, y personal administrativo de varias instituciones. Esta estructura actuaba de forma coordinada para favorecer a determinadas empresas de seguridad a cambio de sobornos. Se estableció una cuota fija de entre 5% y 10% del valor mensual de las facturaciones, que se exigía como condición para procesar pagos y garantizar la renovación de los contratos.
Además, los implicados obstruían deliberadamente la ejecución de contratos adjudicados a otras compañías, con el fin de extorsionarlas y forzarlas a participar del esquema ilícito. También se manipulaban las licitaciones, debilitaban los mecanismos de supervisión y utilizaban intermediarios para ocultar la identidad de los funcionarios beneficiados.
Entre las irregularidades señaladas, figuran pagos por servicios no prestados, sobrecostos, facturas antedatadas, certificados falsos y capacitaciones inexistentes.
Imputados
Según el expediente, entre los implicados en esta red figuran:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Senase y propietario de otras empresas vinculadas al esquema, como Safeco Corredores de Seguros SRL, El Niño Prodigio EIRL y Magesty Waste & Recycling Company SA.
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur.
- Elías Camaño Pérez, exencargado de seguridad de Senasa.
- Andrés Pacheco Valera, exjefe de seguridad de Edenorte.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste.
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, vinculado a Senase.
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, relacionado con Edenorte.
- Ramón Quezada Ortiz, del departamento de seguridad de Edeeste.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, encargado de seguridad en Edenorte y copropietario de Magesty Recycling SRL.
- Wellington Peralta Santos, exasistente de seguridad del Inaipi.
La PEPCA señala que estas personas son responsables de manipular licitaciones, cobrar sobornos sistemáticos, y garantizar mediante prácticas ilícitas la permanencia de los contratos a favor de determinadas empresas, en perjuicio de los fondos públicos.
La Operación Lobo continúa su curso judicial mientras las autoridades aseguran que cuentan con abundante documentación, pruebas contables, registros de transferencias, y declaraciones de testigos que comprometen seriamente a los acusados.
