La oficina del abogado Ángel Lockward informó que los familiares de Ruth Elisa Seija Jerez, una de las víctimas mortales del colapso del techo del centro de entretenimiento Jet Set, presentarán una apelación a la medida de coerción impuesta a los implicados en el caso y procederán a demandar al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional como corresponsables del hecho.
Seija Jerez, quien se desempeñaba como gerente bancaria y dejó un hijo menor en la orfandad, falleció como consecuencia directa del impacto del derrumbe. Según la nota, el hospital donde fue atendida inicialmente dictaminó su muerte como “natural”, una versión que los familiares han cuestionado desde el inicio.
Además, la familia ha autorizado la exhumación del cadáver, la cual se realizará en el cementerio Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, con el objetivo de aportar nuevas evidencias que sustenten su reclamo de justicia.
Cuestionamientos a la decisión judicial y al manejo de bienes
En la comunicación pública, Lockward criticó la decisión de la jueza María Veloz, quien impuso una medida de coerción de fianza por contrato de RD$50 millones a los imputados, calificando dicha resolución como “excesivamente laxa” en relación con la magnitud del caso, que involucró 235 personas heridas y 180 lesionadas.
“Equiparó esta tragedia a un accidente de tránsito, dejando de lado el principio de proporcionalidad”, expresa el documento.
La oficina legal también cuestionó que la jueza haya dispuesto oposición al traspaso de bienes del imputado Antonio Espaillat por solo 60 días, medida que ya venció, y que además se haya negado la oposición a los bienes de la empresa dueña del local colapsado, permitiendo —según afirman— el uso de más de RD$25 millones de cuentas bancarias por parte de los acusados.
Críticas a los acuerdos con víctimas y señalamientos de posible conflicto de interés
Los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes llevan la parte penal del caso, señalaron que los 57 acuerdos presentados como apoyo a la medida no son representativos, ya que solo cinco corresponden a fallecidos, tres de los cuales eran empleados del establecimiento. Los demás —indicaron— se refieren a pagos por prestaciones laborales o compensaciones de bajo monto, “promedio de RD$200 mil pesos”.
También se cuestiona que la jueza no se haya inhibido del caso, debido a su supuesta vinculación familiar con socios del imputado, lo que —según la defensa— genera una percepción de parcialidad y presión política sobre el proceso.
Anuncian rueda de prensa para este lunes 30 de junio
Los abogados anunciaron que el lunes 30 de junio a las 10:00 a.m., ofrecerán una rueda de prensa en la oficina legal ubicada en la calle Dres. Mallen No. 240, Arroyo Hondo, donde explicarán en detalle el contenido del recurso de apelación que someterán a las autoridades judiciales.
“No compartimos aún la tesis del homicidio voluntario, pero combatiremos esta decisión por la vía legal, como corresponde en un Estado de Derecho”, afirmaron los representantes legales.
