El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho personas acusadas de integrar una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, desmantelada recientemente mediante un amplio operativo ejecutado en la provincia Monseñor Nouel. Además, se presentaron cargos contra la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., utilizada como fachada para encubrir las operaciones ilícitas.
Entre los implicados figura Fredery García Ortiz, señalado como líder de la organización y propietario de la referida empresa. Junto a él, también fue imputada su pareja, María Carolina Durán Tavárez, y otras seis personas: Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango).
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, quien lidera la acusación en nombre del Ministerio Público.
Modus operandi y evidencias recolectadas
La investigación inició a partir de reclamaciones presentadas por clientes de una entidad financiera nacional, lo que motivó una intensa labor de inteligencia junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat). Según las autoridades, los miembros de la red accedían de forma fraudulenta a las cuentas de los usuarios bancarios, transferían fondos a cuentas controladas por ellos y luego retiraban el dinero en cajeros automáticos o por ventanilla.
Durante el operativo, que involucró 34 allanamientos simultáneos, participaron 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat, logrando ocupar evidencias clave como dispositivos electrónicos, libretas bancarias, documentos de identidad, sustancias controladas y vehículos. Además, fueron incautados varios inmuebles adquiridos con recursos obtenidos de manera ilícita.
Calificación jurídica y fundamentos
El Ministerio Público ha calificado los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para sustentar su solicitud de prisión preventiva, el órgano acusador presentó pruebas documentales y digitales que demuestran la estructura jerárquica de la red, su capacidad operativa y el impacto económico de sus acciones delictivas.
Asimismo, el Ministerio Público argumentó que se trata de una organización altamente estructurada y peligrosa, cuya libertad representa un riesgo para el proceso judicial y la continuidad de la investigación, que aún permanece abierta con miras a identificar a otros posibles implicados.
