El Ministerio Público (MP) ha declarado que el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, era “totalmente evitable”. Esta afirmación se basa en la convicción del MP de haber recabado “evidencias contundentes” que demuestran que los imputados en el caso antepusieron el lucro a la seguridad y la vida humana.
La institución judicial ha formalizado su solicitud de medidas de coerción contra los presuntos responsables: prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat.
El MP sostiene que la tragedia se habría evitado si los imputados hubieran “actuado conforme a derecho” y hubieran “valorado la vida por encima del dinero”. Esta declaración subraya la hipótesis central de la acusación: que decisiones motivadas por intereses económicos llevaron a la desatención de las normas de seguridad, culminando en el fatal desplome.
