Santo Domingo. – En un hecho calificado como histórico, el Gobierno dominicano, representantes de las comunidades de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo definitivo y consensuado para viabilizar el reasentamiento de familias impactadas por el proyecto de expansión minera, que incluye la construcción de una presa de colas en la provincia Sánchez Ramírez.
El consenso fue alcanzado con la mediación activa de la Iglesia Católica, encabezada por el obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM), representado por su titular, Joel Santos.
El acuerdo contempla una inversión superior a los RD$20 mil millones, destinados a ofrecer viviendas dignas, servicios básicos, infraestructura educativa y de salud, así como programas sociales, económicos y de apoyo psicosocial para las familias reasentadas.
Compromisos asumidos
Entre los puntos acordados se destacan:
- Provisión de viviendas adecuadas a cada familia conforme al censo realizado.
- Construcción de una Unidad de Atención Primaria, politécnico, destacamento policial, mercado y cementerio municipal en el nuevo asentamiento.
- Implementación de programas psicosociales, educativos, de generación de ingresos y alfabetización, enfocados en el bienestar integral de las familias.
- Establecimiento de valores de reposición para cultivos, árboles y tierras, conforme a una matriz acordada.
- Infraestructura deportiva, vías de acceso y mejora del tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.
El ministro Joel Santos destacó que el acuerdo representa “un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios”, y valoró el rol de los actores sociales en la construcción de este consenso:
“Este proceso reafirma que es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo. Agradecemos profundamente la labor de mediación de la Iglesia y del Defensor del Pueblo”, afirmó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, señaló que el acuerdo marca el inicio de una nueva etapa:
“Este es un proceso evolutivo que continuará más allá de los plazos establecidos. Nuestro compromiso es acompañar este camino para garantizar los derechos de todos”, aseguró.
La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, afirmó que el programa de reasentamiento se ha construido con base en la participación continua, respetando estándares internacionales como los de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
El representante de los comunitarios, Martín Guzmán, valoró el acuerdo como positivo y equilibrado:
“Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”, expresó.
Durante la firma estuvieron presentes, además del ministro Santos y el Defensor del Pueblo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; el director general de Minería, Rolando Muñoz; y otros representantes de las comunidades y la empresa minera.
Este acuerdo allana el camino para la expansión de la vida útil de la mina de Pueblo Viejo, un proyecto clave para el desarrollo económico del país, y establece un precedente en materia de gestión participativa, respeto ambiental y justicia social en la industria minera de la República Dominicana.
