La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, cuestionó este lunes la lentitud y falta de respuestas por parte del Ministerio Público ante los más de 49 expedientes de presuntos actos de corrupción remitidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Durante una entrevista, Blanco García hizo énfasis en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), relacionado con supuestas irregularidades en contratos para la instalación de cámaras de vigilancia y en el que figuran como señalados el exdirector Hugo Beras y el empresario Jorge Gómez. La activista denunció que, a pesar de la gravedad de los delitos investigados , como sabotaje, espionaje y amenazas a la seguridad nacional, se han flexibilizado las medidas de coerción, incluyendo el levantamiento del impedimento de salida del país a uno de los implicados.
“Estamos hablando de un caso que no puede considerarse menor. Esta persona ha salido del país en múltiples ocasiones, lo que indica que no hay impedimento efectivo de salida, a pesar de la magnitud de los cargos”, subrayó Blanco García, quien expresó su preocupación por el aparente estancamiento del proceso durante su participación en el programa El Día.
Asimismo, criticó el manejo judicial de los casos de corrupción, señalando que “no podemos permitir que la lucha contra la corrupción quede solo en el discurso”. En ese sentido, recordó que la Dirección de Ética, junto a la Dirección de Compras y Contrataciones, ha cumplido con su parte, remitiendo decenas de informes con indicios de irregularidades, sin que hasta la fecha se hayan traducido en acciones concretas por parte del Ministerio Público.
La representante de Participación Ciudadana también lamentó lo que calificó como un abuso de los recursos procesales por parte de la defensa de los imputados en los distintos casos de corrupción. “Vemos permisos para cumpleaños, para dar el pésame… es una burla a la justicia y a la ciudadanía”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a los tribunales del país a asumir su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y advirtió que la sociedad dominicana podría caer en un estado de hartazgo si no se ofrecen resultados contundentes. “No podemos permitir que estos casos simplemente se enfríen y se olviden. Se necesita acción y, sobre todo, sentencias ejemplares”, concluyó.
