Comisión estudia modificaciones a ley de Trata de Personas escucha a Omar Fernández

Comisión estudia modificaciones a ley de Trata de Personas escucha a Omar Fernández

La comisión Especial que tiene a su cargo el estudio y ponderación del proyecto que modifica la Ley 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y Trata de Personas, escuchó este jueves las modificaciones que plantea el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, para que se vete de por vida en cargos públicos a implicados en tráfico de migrantes.

Así lo informó el presidente de la Comisión el senador Franklin Romero, quien adelantó que en la próxima sesión rendirán un informe favorable sobre la pieza legislativa.

“Hoy lo que hicimos fue escuchar en la comisión a Omar Fernández y a un equipo de constitucionalistas que trajo”, sostuvo Romero.

El encuentro se realizó en el Salón de Comisiones Francisco Bono, y contó con la asistencia, además de su presidente Franklin Romero, con los senadores Pedro Catrain, Bernardo Alemán, Antonio Marte, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Jonhson Encarnación Dagoberto Rodríguez Adames y el senador Rafael Barón Duluc.

Se recuerda que el pasado 7 de abril, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,  Antoliano Peralta, le entregó la propuesta al presidente de la Cámara Alta, y este expresó que, por contexto que vive el país con relación a la inmigración haitiana, le daría un trato especial, por lo que fue tratado con rapidez.

En concentro, la propuesta, que se estudió con prioridad por una comisión del Senadoaltera, los artículos 2, 5, 6 y 7, los cuales no hacen énfasis en castigar a los inmigrantes, sino a los funcionarios públicos que violan la ley, con una habilitación de 10 años de la nómina pública. 

En caso de agravantes, el artículo 7 plantea que condena de 15 a 25 años de prisión y multa de mil a 3,000 salarios mínimos del sector público, así como la suspensión de la ciudadanía. 

En el caso de que fallezca una víctima de tratade inmigrante, la pena subirá a 30 años de reclusión y, si fallecen dos o más personas la pena subirá a 40 años de reclusión.

En ambos casos, las multas irán de tres a seis mil salarios mínimos del sector público, así como la suspensión de los derechos de ciudadanía de conformidad con la Constitución.