Los ambientalistas Luis Casilla, Domingo Abreu y José Corporán denunciaron este martes que la empresa minera Docalsa continúa operando en las inmediaciones de las Cuevas del Pomier, provocando daños irreversibles al ecosistema y al sistema hídrico subterráneo de la zona, pese a la prohibición formal de extracción de piedra caliza cerca del área protegida.
Según explicaron, Docalsa ha recibido autorización para continuar sus labores en una cantera que anteriormente pertenecía a CEMEX Dominicana, situada justo encima del acuífero que alimenta por presión artesiana la toma del río Nigua. “Si se perfora esa zona, se pierde la presión y con ella desaparece la toma, poniendo en riesgo el suministro de agua de gran parte de la provincia de San Cristóbal”, advirtió Domingo Abreu.
Luis Casilla, investigador y profesor universitario, criticó la falta de respuesta por parte del Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Paíno Henríquez, ante los múltiples intentos por denunciar esta situación.
“El Ministro no habla con nadie. No habla con nadie. Salvo la gente que puede interesarle y no sé cuáles intereses. Porque una de las cosas que el Ministro se ha empeñado es en decir muy altaneramente y muy ostentosamente que el empezó de Docalsa está totalmente fuera del área protegida. Y eso es mucha mentira. Cuando Docalsa está justo dentro, totalmente dentro de la zona de amortiguamiento, pegada a la zona núcleo, operando, pero habla de la zona de extracción”, denunció Abreu.
Además del riesgo al suministro de agua, los ambientalistas señalaron durante sus declaraciones en el programa matutino Uno Más Uno, que el polvo generado por las operaciones de Docalsa ha aumentado significativamente en los últimos años, deteriorando las pictografías milenarias en las cuevas 1 y 4 del sistema El Pomier, y afectando la salud de los residentes cercanos. También reportaron una preocupante disminución en la población de murciélagos, especialmente en la Cueva 4, como consecuencia de dichas operaciones mineras.
Por su parte, José Corporán denunció un trato desigual por parte de las autoridades. Mientras los pequeños mineros fueron desalojados y vigilados, las grandes compañías como Docalsa e IndustriaGar continúan operando libremente. “Se impuso vigilancia a los pequeños mineros, pero a las grandes empresas se les dejó operar como si nada, incluso dentro de zonas críticas”, declaró.
Los ambientalistas hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil a detener esta actividad antes de que el daño sea irreversible, tanto para el ecosistema subterráneo como para el abastecimiento de agua potable de la región.
