El ex diputado Rafael Méndez advierte sobre los serios riesgos que las actuales políticas y acciones migratorias podrían acarrear para la República Dominicana ante la comunidad internacional, especialmente por la deportación de mujeres parturientas o en labores de parto sacadas de hospitales, familias separadas y la deportación de al menos 298 niños y niñas sin identificación ni acompañamiento de sus padres.
Méndez insta a una revisión urgente de los protocolos de deportación, argumentando que la forma en que se están llevando a cabo estas acciones podría generar graves responsabilidades legales para la República Dominicana ante la comunidad internacional, como la intervención en centros de salud y la separación de núcleos familiares, acciones que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos y la protección especial debida a estas personas en estado de indefensión.
Si bien reconoce el derecho del Estado a regular su flujo migratorio, el ex legislador por la Provincia Bahoruco subraya que la deportación de personas en estado de indefensión, sin las debidas garantías legales y sin considerar su extrema vulnerabilidad, podría ser interpretada como un trato inhumano o degradante.
Méndez recuerda que el derecho internacional contempla la “deportación o traslado forzoso de población” como un posible delito de lesa humanidad bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando se realiza de manera sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. La situación de indefensión, en el contexto de las medidas implementadas, podría ser un elemento clave en la evaluación de la legalidad de estas acciones a nivel internacional.
