El abogado Ángel Lockward afirmó que no solo los propietarios de la discoteca Jet Set deben enfrentar demandas por el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, sino también el Estado dominicano por su omisión en garantizar la seguridad estructural del establecimiento.
Durante una entrevista en Esto No Tiene Nombre, Lockward explicó que la firma estadounidense Silva & Silva PA, especializada en casos de desastres, representará a víctimas y familiares tanto dominicanos como extranjeros, en coordinación con su oficina legal en el país. “Silva & Silva es una firma de los Estados Unidos que está radicada en Miami, en Berkeley… es probable que presente en la jurisdicción de Nueva York, porque Jet Set está registrada… y son ciudadanos norteamericanos los propietarios del Jet Set”, dijo el abogado.
Lockward justificó que el caso puede ser ventilado en tribunales de Estados Unidos, a pesar de que el hecho ocurrió en República Dominicana, debido a que muchas de las víctimas y los dueños del establecimiento tienen ciudadanía norteamericana. “Los norteamericanos se llevan la jurisdicción en muchos tipos de casos, no importa el lugar en donde estén, sobre todo si las partes involucradas son todos norteamericanos”, explicó.
Responsabilidad del Estado
El jurista subrayó que el Estado dominicano es corresponsable de la tragedia. “El Estado le debe garantías a los ciudadanos, sobre todo a los extranjeros que vienen… el Estado tiene una obligación indelegable de garantizar la seguridad y hacer que los particulares cumplan las normativas para que esa seguridad esté asegurada, y eso no se cumplió”.
Criticó que las autoridades no supervisaron adecuadamente el cambio de uso del local ni su estructura física: “El Estado tiene establecida una normativa de cómo se hacen los cambios de uso… el Estado no la vilpicó [sic]”. Además, recordó que “el Estado puede ser demandado, tanto él y sus funcionarios, por la comisión de hechos, como por la omisión en el cumplimiento de la ley o de las medidas de garantías que le debe a la ciudadanía”.
Proceso legal en dos frentes
Lockward indicó que las demandas se dividirán entre jurisdicciones civiles y penales. “Aquí corrientemente lo penal lleva a lo civil. Arrastra a lo civil. Y así presumo que va a ocurrir en cuanto a las demandas que se presenten en contra de Antonio Espaillat”.
Sin embargo, aclaró que él no participará en la parte penal del proceso, sino que se concentrará en la demanda patrimonial contra el Estado. “Yo voy a participar en la demanda patrimonial al Estado, que se llevará posiblemente la jurisdicción de lo contencioso, porque es la jurisdicción que la Constitución ha creado para las faltas del Estado”.
Propuesta de compensación
Ante el anuncio de los propietarios de Jet Set de habilitar un portal para ayudar a las víctimas, Lockward fue enfático: “¿Qué ayuda puede dar una empresa que tiene un capital de 100 mil pesos a 200 y pico de víctimas?”.
Sugirió que tanto el Estado como los dueños hagan una oferta formal a los afectados, especialmente a los más humildes: “Yo voy a disponer un millón de pesos por cada víctima, y el Estado dice yo voy a disponer dos millones… tú tendrías 100 familias que ya pueden ir organizando su vida en el marco de lo inevitable”.
Finalmente, advirtió que las acciones legales deben prepararse con tiempo: “Lo conveniente, lo prudente, no es correr primero, es correr mejor”.