El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, atribuyó las recientes medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader respecto a la migración irregular a una disminución en su popularidad, impulsada por el creciente descontento ciudadano ante esta problemática.
Sánchez sostuvo que el discurso del mandatario, pronunciado la tarde del domingo, fue una reacción directa a la presión social generada por la manifestación del pasado 31 de marzo en el sector Hoyo de Friusa, así como a las respuestas posteriores de la población frente a los incidentes ocurridos tras dicha marcha. Según los convocantes, la protesta buscaba reafirmar la dominicanidad y los valores patrios.
“El presidente probablemente midió el nivel de su popularidad, que había caído estrepitosamente, y en respuesta recurrió a un discurso que, de forma reiterada, ha utilizado en torno a la migración. Anunció medidas que el pueblo ya conocía, pero que aún no cuentan con resultados concretos”, expresó el vocero del bloque del PLD en la Cámara de Diputados durante una entrevista en el programa Uno Más Uno.
Durante su alocución, Abinader anunció un conjunto de medidas dirigidas a enfrentar la migración ilegal y salvaguardar la soberanía nacional ante la crisis que atraviesa Haití. Enfatizó que la República Dominicana no puede ni debe seguir cargando con las consecuencias de un conflicto que no ha provocado, e instó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad.
Entre las disposiciones anunciadas se encuentran la reorganización de la vigilancia fronteriza, dividiendo la línea limítrofe en seis zonas bajo supervisión de oficiales superiores, y el despliegue de 1,500 soldados adicionales a los 9,500 ya apostados en la frontera. También se anunció la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y la instalación de oficinas de control en todas las provincias, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración.
Además, Abinader informó sobre la presentación de un anteproyecto de reforma al marco legal migratorio, que endurecerá las sanciones contra funcionarios, civiles y militares que colaboren con la entrada de inmigrantes irregulares. La propuesta también contempla sanciones para propietarios que alquilen inmuebles a personas en situación migratoria irregular.
Así mismo, el presidente propuso la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios, destinada a investigar y perseguir los delitos relacionados con la migración irregular.
