La reforma a la Ley 255-20 sobre residuos sigue generando reacciones en sectores de la sociedad. Esta reforma contempla aumentos de hasta un 3,750 % en la contribución especial, lo que afectaría la competitividad en el área agropecuaria y pondría en riesgo a muchas micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales.
“Estamos hablando de modificar una ley que es prácticamente nueva”, dijo Erison Henríquez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA), en una entrevista en Esto No Tiene Nombre.
Destacó que la normativa vigente, promulgada en 2020, tiene objetivos ambientales positivos, pero que las empresas aún se están adaptando a sus requerimientos.
Sin embargo, la reforma impulsada desde el Senado propone un incremento desmesurado de la tasa de participación, elevando los costos de manera extrema. “Hablamos de un aumento de más del 3,700% a la tasa ya establecida, que no es barato”, afirmó Henríquez.
Golpe económico al sector productivo
El líder empresarial explicó que el pago actual de la tasa varía según el tamaño de la empresa, oscilando entre 500 y 260,000 pesos anuales. Con la reforma, estos montos podrían multiplicarse hasta niveles insostenibles.
“El gobierno estaría recaudando, solo por esa vía, más de 26,000 millones de pesos al año”, aseguró, citando un estudio del Ministerio de Industria y Comercio. Advirtió que este aumento podría provocar el cierre de empresas y una escalada en el precio de los productos agropecuarios, afectando directamente a los consumidores.
Una reforma sin debate y con intereses ocultos
Otro aspecto que genera suspicacias es la forma en que se ha manejado la reforma. Fue aprobada en el Senado en una sesión de urgencia y, aunque actualmente está detenida en la Cámara de Diputados, Henríquez teme que se apruebe con la misma rapidez.
“Nos inquieta, nos preocupa que pudiera ocurrir lo mismo en la Cámara de Diputados”, advirtió. También cuestionó la necesidad de recaudar 26,000 millones de pesos cuando un exministro de Medio Ambiente aseguró que con 6,000 millones anuales bastaría para mitigar la crisis de los residuos sólidos.
¿Reforma fiscal encubierta?
El presidente de ANIMPA evitó afirmar categóricamente que esta reforma sea una medida fiscal disfrazada, pero dejó entrever su sospecha. “No queremos decir que es una medida que busca conseguir lo que no se pudo con la reforma (tributaria). Sino que es una medida que no ha sido bien analizada”, señaló.
Explicó que desde ANIMPA han impulsado iniciativas como Campo Limpio EBB, un programa de recogida y reciclaje de envases de pesticidas, demostrando que hay formas más efectivas y menos agresivas de abordar el problema ambiental.
Un llamado al gobierno y al Congreso
Para Henríquez, la solución no es aumentar impuestos de manera abrupta, sino incluir a los sectores productivos en el debate y garantizar que cualquier reforma sea equilibrada.
“No es más que incluir la participación de la agroindustria, incluir lo que son los sectores productivos en sentido general, como la micro, pequeña y mediana empresa”, propuso. También sugirió la integración de entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente y el fideicomiso público-privado sostenible.
El sector agropecuario no se quedará de brazos cruzados. Aunque han tenido acercamientos con Medio Ambiente y el fideicomiso, aún no han dialogado con los legisladores. “Vamos a mantenernos atentos, vamos a buscar acercamientos con los diputados, y vamos a seguir muy pendientes a este tema”, concluyó.
Con el destino de miles de empresas en juego, la pregunta sigue en el aire: ¿Prevalecerá la sensatez en el Congreso, o esta reforma avanzará sin importar las consecuencias?
