MP presenta pruebas de estafa al Estado por Juan Alexis Medina con apoyo de funcionarios

MP presenta pruebas de estafa al Estado por Juan Alexis Medina con apoyo de funcionarios

De acuerdo con el órgano acusador, la OISOE fue el epicentro de la corrupción

Santo Domingo (RD) Miércoles 26 de marzo del 2024.- En su alegato de clausura, el Ministerio Público reafirmó este miércoles que ha probado de manera contundente cómo Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, encabezó un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La fiscal Elizabeth Paredes señaló que la OISOE fue el epicentro de la corrupción, donde Medina Sánchez, con la complicidad de altos funcionarios, ejecutó un esquema fraudulento que incluyó la compra de contratos, la notificación de cesiones de crédito ficticias y la adjudicación irregular de obras públicas.

El Ministerio Público explicó que, para llevar a cabo esta estafa, Juan Alexis Medina contó con la participación de la consultora jurídica Lina de la Cruz Vargas, Pachrysty Ramírez, Víctor Encarnación y Aquiles Christopher, además del ya condenado Francisco Pagán, exdirector de la OISOE. Estos actores clave facilitaron la estructura que permitió a Medina Sánchez obtener contratos de manera ilícita y desfalcar al Estado.

Asimismo, el Ministerio Público destacó que, debido a que la OISOE era una dependencia directa del Poder Ejecutivo, Medina Sánchez operaba con una red de testaferros, entre ellos José Dolores Santana, quien figuraba formalmente en los contratos, pero cuyo verdadero beneficiario final era Juan Alexis Medina.

Las empresas Domedical Supply SRL y General Supply SRL, bajo el control operativo de Medina Sánchez, recibieron de forma irregular millonarios pagos del Ministerio de Hacienda, evidenciando el uso de su influencia para apropiarse de fondos públicos.

El Ministerio Público continuará el próximo lunes 31 de marzo con las conclusiones y solicitud formales de las penas en contra de los imputados del proceso, reiterando su compromiso con la lucha contra la impunidad y la defensa del interés público.