El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, sugirió a las autoridades realizar una “auditoría forense” a todas las obras que han sido activadas y se encuentren amparadas en la ley 105-67, cuyos costos se han elevado de manera exagerada con respecto al contrato original.
“Las obras paralizadas deben ser rescindidas y, las que sean necesarias, hacer levantamiento y presupuesto de terminación real y licitarlas. Las que fueron activadas, es necesario hacerles auditoria forense para determinar las causas de su incremento excesivo del monto original”, refirió.
En ese orden, mostró su apoyo ante la decisión que habría tomado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, de no activar las obras contratadas bajo esta ley, que somete a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000.
“Felicito al ministro del MOPC, ingeniero Eduardo Estrella, por su extraordinaria medida de no activar obras contratadas con la ley 105-67, del 17 marzo 1967. Estas obras paralizadas por largos años, y activadas, elevaron sus costos exageradamente, en detrimento de la transparencia”, indicó.
De acuerdo al expresidente del Codia, el ministro en una conversación dio esa información a funcionarios de él y dijo “no acepto activar contrato de obras que están fuera de la ley 340’”.
La normativa, sobre Compras y Contrataciones, que entró en vigencia el 18 de agosto del año 2006, deroga las disposiciones anteriores, estableciendo un marco más riguroso y transparente para las contrataciones del Estado.
Teodoro Tejada indicó categóricamente que es un “abanderado en contra del ‘grado a grado’ o de las obras de contratación en directa”, acción permitida en la ley 105-67 en su artículo número dos, al permitirle al Poder Ejecutivo realizar este tipo de contratación.
El expresidente del Codia en ese orden, declaró que fue una ley que permitió “una rumba abierta para la corrupción desde el grado a grado”.
Enfatizó que muchos de esos contratos, tras permanecer paralizados por largo tiempo, y que siguen reglados por la antigua ley, han sido activados sin ningún tipo de control, permitiendo que cualquier contratista, que tenga acceso a un funcionario del Gobierno, pueda comprar ese contrato.
“Hay obras que han llegado ahí de 1,000 millones hasta 9,000 millones. Obras que han llegado ahí de 100 millones a 1,000 millones. Entonces, el ingeniero Eduardo Estrella, correctamente, lo que dice es que ya no va a seguir permitiendo iniciar obras con contrato basado o fundamentado en la ley 105 del 67”, señaló.
