Punta Cana, Uvero Alto. En horas de la madrugada de este martes, aproximadamente a las 5:30 a. m., un contingente militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, ingresó al complejo Playa Palmera, residencial turístico que ha sido hogar y fuente de empleo para numerosas familias de la zona.
Informan que los agentes, fuertemente armados, accedieron a la propiedad a través de la playa, entrando por el área colindante con un hotel vecino.
Según informaciones oficiales, los ocupantes de Playa Palmera estaban en una franja de los 60 metros de costa que pertenece a todos los dominicanos y dominicanas, sin contar con un título de propiedad, un decreto presidencial que autorizara su uso, ni permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni de la alcaldía. Por lo que se les considera invasores. Las autoridades habían notificado reiteradamente a los ocupantes desde septiembre, pero estos hicieron caso omiso a las advertencias.
No obstante, algunos residentes y turistas han denunciado que el SENPA actuó de manera arbitraria y violenta, cercando la propiedad e impidiendo el acceso a quienes se encontraban en el lugar. Esta acción ha generado indignación entre los afectados, quienes alegan que los agentes no contaban con una orden judicial que avalara la demolición de la Casa Club.
Además, se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza, afectando a empleados, residentes y miembros de la prensa que intentaban documentar lo sucedido. Lo más alarmante es que en los tribunales existe un recurso contencioso que debía impedir cualquier acción hasta que se emitan los dictámenes correspondientes. No obstante, las autoridades continuaron con la intervención, respaldadas por la falta de legalidad en la ocupación de los terrenos.
El impacto de estos hechos va más allá del conflicto legal. Más de 60 familias han quedado afectadas tras perder sus empleos a raíz de la intervención en Playa Palmera. Para muchos de ellos, este complejo representaba su sustento diario, y su cierre significa un golpe devastador para quienes llevaban el pan a sus hogares desde ese lugar.
Los afectados han manifestado su intención de continuar con acciones legales para frenar lo que consideran un atropello y un abuso de poder. Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan una explicación clara y tomen medidas para garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
