El abogado y economista Ángel Lockward, aunque evitó dar detalles sobre el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público, reiteró su inocencia y aseguró que se vio obligado a ceder y negociar la devolución de algunas propiedades al Estado dominicano.
“La justicia dominicana es arbitraria porque la sociedad dominicana lo es. Los primeros en imponerle una camisa de fuerza al juez son los medios de comunicación”, declaró Lockward durante su participación en el programa matutino El Sol de la Mañana.
Criticó la presunción de culpabilidad en el sistema judicial, afirmando que “aquí hay presunción de culpabilidad, no hay presunción de inocencia. Entonces el que se ve inmerso en un proceso, paga el peso de la culpabilidad, sea declarado inocente o no. En consecuencia eso te coloca en una posición de indefensión tal, que un día tú hasta siendo inocente tienes que llegar a un acuerdo”.
Lockward también reveló que, entre los implicados en el caso Calamar, fue el último en solicitar la variación de su medida de coerción, ya que priorizó los intereses de sus clientes por encima de los suyos. Según sus declaraciones, su vinculación al caso se debe únicamente a su labor en defensa de los derechos de sus representados. “Yo era defensor de gente que tenía 50 y 70 años violados sus derechos por un estado delincuente que le quita su tierra y no le paga”, dijo.
“Porque es el estado el que ocupa la propiedad de las gentes y no les paga. Sobre todo de las gentes más pobres que no tienen cómo contratar un abogado. Pelear contra el estado es difícil” añadió el jurista.
Añadió que durante su arresto domiciliario recibió la visita de varias personalidades de la vida pública y ´gente común´, entre ellos citó al expresidente de la República, Leonel Fernández.
Sobre el caso Calamar
Los implicados en el Caso Calamar fueron acusados de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y sobornos.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el entramado de corrupción operaba mediante la expropiación irregular de terrenos, cobro de sobornos y desvío de fondos públicos, causando un perjuicio millonario al Estado dominicano.
Entre los principales acusados figuran exfuncionarios del gobierno, incluyendo exministros, quienes presuntamente utilizaban su poder para obtener beneficios ilícitos a través de contratos fraudulentos y pagos indebidos.
