Ante los desafíos y la vulnerabilidad a la que se enfrentan los profesionales de la comunicación y el periodismo en sí, debido al auge de la tecnología y los medios de comunicación digital, frente a una ley que por el simple hecho de haber superado seis décadas ya quedó obsoleta, urge la aprobación de un nuevo marco legal que regule la libertad de expresión en el país.
Estas preocupaciones fueron expuestas este jueves por destacados profesionales de la comunicación y el derecho, durante un panel sobre la “ética y la responsabilidad informativa en los medios de comunicación y redes sociales”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), bajo la coordinación de la Escuela de Comunicación, el Decanato de Postgrado y la Cátedra Unesco de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad.
El periodista Persio Maldonado, uno de los panelista del evento y, además, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y miembro de la comisión que trabajó en el anteproyecto de Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que modifica o deroga la 6132, destacó la importancia de contar con esa herramienta para el fortalecimiento de la democracia y el correcto ejercicio del periodismo y la comunicación social.
Maldonado manifestó que la comisión que trabajó el referido proyecto se ha mantenido insistiendo al presidente Luis Abinader para que lo someta ante el Poder Legistivo, luego de haberle aplicado algunas observaciones que le hizo la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
“Nuestra esperanza es que se presente pronto porque el país la necesita”, agregó el también director del periódico El Nuevo Diario.
Se recuerda que en abril del 2024, el presidente Luis Abinader y la comisión consultiva honorífica constituida en el 2022, presentaron un borrador de actualización de la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, sin embargo, el anteproyecto aún no ha llegado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación en ambas cámaras.
De ser aprobado como lo presentó la comisión, quedaría aliminada la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y por consiguiente, la Ley 1951 de 1949 mediante la cual fue creado, para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) como órgano regulador, con autonomía funcional y financiera. Además, se establecería la cláusula de conciencia y el secreto profesional.
También se destaca, en cuanto al derecho de la Comunicación Social, la fuente de información, archivos informáticos, espacios pagados, prohibición de restricciones, transparencia de la sociedad.
