Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) expresó su profunda preocupación ante las modificaciones propuestas al proyecto de ley 00227-2024-SLO-SE, que altera la Ley Núm. 225-20, sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en proceso de revisión por la Cámara de Diputados.
Claudia Pellerano, presidente de ADOZONA, señaló que el sector de zonas francas es un motor clave para la economía dominicana, que genera aproximadamente 200,000 empleos directos y contribuye con más del 65% de las exportaciones del país. “Sin embargo, consideramos que las modificaciones planteadas podrían poner en riesgo la competitividad y sostenibilidad del sector, al aumentar significativamente los costos operativos para las empresas y crear nuevas barreras regulatorias en un contexto de intensa competencia internacional”, aseguró.
ADOZONA resalta que la implementación de las disposiciones del proyecto de ley podría resultar en un incremento considerable en los costos operativos de las empresas en zonas francas, ya que se requeriría una inversión significativa en infraestructura especializada para el manejo de residuos. Además, las tarifas más altas y los nuevos impuestos propuestos sobre la disposición de residuos podrían generar costos recurrentes adicionales. Esto, a su vez, podría desincentivar la inversión extranjera y colocar a las zonas francas dominicanas en desventaja frente a sus competidores internacionales.
La asociación también destaca que el proyecto no contempla las diferencias específicas entre las industrias en cuanto al tipo y volumen de residuos que generan. Muchas empresas en zonas francas producen principalmente residuos no peligrosos y ya implementan medidas internas de manejo eficientes. La imposición de requisitos uniformes a todas las empresas, sin tomar en cuenta estas diferencias, podría resultar en cargas innecesarias que no se corresponden con la realidad del sector.
La preocupación de ADOZONA también se extiende a los posibles riesgos para el cumplimiento de las nuevas regulaciones y el impacto sobre la generación de empleos. Los altos costos asociados con las nuevas disposiciones podrían forzar a algunas empresas a reducir sus operaciones o incluso cerrar, lo que tendría consecuencias directas sobre el empleo y las economías locales que dependen de las zonas francas.
ADOZONA advierte que un marco regulatorio que imponga cargas excesivas al sector de zonas francas podría dañar la imagen de la República Dominicana como destino competitivo para la inversión extranjera. La sobrecarga de requisitos podría afectar la estabilidad jurídica del país, lo que impactaría negativamente su perfil internacional y su capacidad para atraer inversiones.
Si bien ADOZONA reitera su compromiso con la sostenibilidad ambiental, considera que el proyecto de ley debe ser revisado a fondo para garantizar un enfoque equilibrado y realista que no comprometa la competitividad ni la viabilidad del sector. La Asociación propone que se clasifiquen las industrias según el tipo y volumen de residuos generados y se fomente la creación de infraestructura compartida, como centros regionales de reciclaje, para que múltiples empresas puedan beneficiarse.
En este contexto, ADOZONA hace un llamado a la Cámara de Diputados, al Senado, y todo el sector político y empresarial, a revisar el proyecto de ley de manera exhaustiva, asegurando la participación de todos los actores involucrados, en especial del sector privado, para garantizar que se logre un marco regulatorio justo, eficaz y que promueva tanto el desarrollo económico como la protección del medio ambiente.
