La seguridad privada en la República Dominicana ha crecido un 9.2% anual en los últimos cinco años, aportando un 0.32% al PIB, equivalente a 21,705 millones de pesos. Sin embargo, este crecimiento no es del todo positivo, ya que una parte importante del sector opera sin regulación, lo que representa un riesgo tanto para los trabajadores como para la sociedad.
Víctor Garrido, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESIN), advirtió durante una entrevista en Esto No Tiene Nombre, que la falta de un marco normativo eficiente ha permitido la proliferación de empresas informales e ilegales dentro del sector.
“La principal debilidad que tiene el sector es que no cuenta con un marco normativo eficiente para que se regularice y se fiscalice a las empresas que prestan estos servicios. Entonces, ¿a qué se presta esto? Precisamente se presta a que haya una creciente informalidad en el sector y que muchas empresas presten el servicio de seguridad sin estar debidamente reguladas”, explicó Garrido.
El directivo detalló que, en muchos casos, estas empresas operan sin realizar una depuración adecuada del personal, lo que puede derivar en la contratación de individuos con antecedentes penales o vínculos con el crimen. “Estas empresas incurren en la contratación de un personal sin la debida depuración, es decir, que pueden ser personas que tengan algún tipo de antecedente penal o criminal con la ley o que tengan algún vínculo con el crimen”, señaló.
Además, indicó que en estas compañías no se hacen los estudios psicológicos ni cognitivos necesarios para garantizar la idoneidad de los agentes de seguridad. “Por supuesto, tampoco se hacen los estudios correspondientes a nivel de estudio psicológico, a nivel de estudios cognitivos, ni mucho menos se invierte en la preparación de este personal”, agregó.
Actualmente, en el país hay 485 empresas de seguridad registradas de manera formal, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). No obstante, solo el 32% de ellas están debidamente reguladas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, el ente adscrito al Ministerio de Defensa encargado de supervisar el sector.
“Nosotros entendemos que hay una oportunidad importante también de tomar en consideración y promover que se apruebe una ley en este sentido, ¿verdad?, que proteja y que vele por quién establezca claramente quiénes pueden prestar el servicio de seguridad y cuáles son las obligaciones que debe cumplir este personal”, afirmó Garrido.
El directivo destacó que la proliferación de empresas no reguladas ha generado una competencia desleal y que, en algunos casos, estas compañías recurren a la contratación de extranjeros sin control sobre su identidad o historial. También alertó sobre el uso de armas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. “Son empresas que pueden incurrir en la contratación de personas extranjeras, que no tengan el control de quiénes son estas personas, que utilicen armas también de fuego que no cumplan con los requerimientos establecidos por la ley de armas”, advirtió.
Según Garrido, la falta de regulación no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también impide que el sector crezca de manera ordenada y sostenible.
