Ante la falta de avances en varios procesos judiciales en República Dominicana, el abogado Francisco Álvarez criticó la manera en que el Ministerio Público ha estructurado los casos de gran envergadura, como el de Jean Alain Rodríguez, “es un error crear expedientes tan gigantes”.
“El caso Medusa junto a otros casos fueron los primeros. Los primeros dos o tres casos sufren, pienso yo, de lo mismo, que se meten una cantidad de empresas y personas físicas juntas en una funda negra, y eso hace que sea muy complejo que el proceso avance”, explicó Álvarez.
Indicó que el Ministerio Público ha corregido en cierta medida esta estrategia inicial, aplicando mecanismos de justicia penal negociada. “Si yo tengo 10 gente, yo puedo negociar con 3, y así completo mi expediente, me ahorro tiempo de investigación, pero tengo tres menos”, dijo. No obstante, criticó que los expedientes siguen siendo más grandes de lo que el sistema judicial está preparado para manejar.
Álvarez ejemplificó los problemas de estos macroprocesos con un caso de menor escala que él mismo lleva: “En un caso vinculado al delito financiero en el que trabajo, hay cuatro imputados y 40 y pico de querellantes. Ese sería un caso muy pequeño comparado con estos casos. Sin embargo, tenemos más de dos años conociendo un juicio”. Explicó que la estructura del proceso penal exige la presencia de todas las partes, lo que ocasiona constantes suspensiones. “Si un imputado de esos cuatro querellantes se enferma un día, ya la audiencia se tiene que suspender”, señaló.
El impacto de los macroprocesos en el sistema judicial
Durante su participación en Esto No Tiene Nombre, el abogado advirtió que los tribunales podrían enfrentar serias dificultades con estos casos. “Yo creo que los tribunales van a pasar factura a eso. Es algo imprevisible. En aquel momento el Ministerio Público no tenía forma alguna de pensarlo”, comentó, agregando que en su momento la Fiscalía pudo haber actuado contra el reloj, pero que estos macroprocesos traerán complicaciones en términos de institucionalidad, legalidad y garantías procesales.
Álvarez también abordó la recusación interpuesta por la defensa de Jean Alain Rodríguez contra los jueces que conocen el caso Medusa, una acción que, según explicó, es un mecanismo previsto en la ley cuando se considera comprometida la imparcialidad del tribunal. “La justicia, como debe ser imparcial, prevé dos fórmulas para que un juez pueda salir de un proceso: la inhibición, cuando el propio juez reconoce un conflicto de interés, y la recusación, cuando una de las partes lo solicita”, detalló.
Explicó que la decisión de apartar o no a un juez es tomada por el tribunal superior jerárquico y que, en este caso, el abogado de la defensa argumentó que hubo irregularidades en la fijación de audiencias. “A veces pasa que un tribunal pone una fecha sin contar con que ese día es feriado. Hay feriados que cambian en base a resoluciones del Ministerio de Trabajo, y parece que hubo un cambio de fecha que no necesariamente se hizo de la mejor manera”, comentó.
Sin embargo, sostuvo que, de manera aislada, este argumento no parecería suficiente para justificar la recusación. “Si ustedes me preguntan a mí, sin contexto del caso que no lo tengo, eso solamente yo no creo que diera lugar para sustentar la recusación”, señaló, pero advirtió que, si la Corte acoge la solicitud, se añadiría una nueva variable a un proceso ya de por sí complicado.
Álvarez explicó la importancia del principio de inmediación en los procesos penales, el cual establece que los mismos jueces deben conocer el caso desde el inicio hasta el final. “Un juez penal a mitad de proceso no puede cambiar. Si tú sacas un juez a mitad de proceso, se rompe la inmediación porque ya el juzgador que vendría a sustituirlo no fue el mismo que comenzó el proceso”, detalló.
Aclaró que, en el caso Medusa, el juicio aún no ha comenzado formalmente, por lo que si se realiza un cambio de jueces en esta etapa, el impacto sería menor. Sin embargo, enfatizó que una decisión de este tipo podría retrasar aún más el proceso. “Si la Corte entiende que había que separar al magistrado o magistrada, el tribunal y el imputado estarían en una situación en la que los próximos meses serían aún más difíciles para que el juicio se conozca y concluya”, advirtió.
Finalmente, Álvarez afirmó que este caso generará jurisprudencia importante que influirá en otros procesos. “Es un proceso convulso que va a generar precedentes de los que otros casos se van a beneficiar y a nutrir, de un lado o de otro”, concluyó.
Sobre el caso Panthera 7, que es el más reciente que vincula hasta el momento, unos 8 imputados por el cargamento de cocaína e incautado en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica, han pasado ya 20 días y aún no se le ha conocido coerción a esos imputados.
“Tú tienes que presentar algo, tú tienes que ir a esa primera audiencia de medida de coerción. Después que eso sucede, después que tú dentro de las 48 horas lo llevaste al juez, se olvidan de ese plazo de 48 horas y se crea, entre comillas, un área gris porque, como usted bien dice, van 20 días y todavía no se ha, no se ha concluido un proceso que en teoría es también expedito. Entonces, en este caso, digamos que por problemas procesales y de logística, no se ha podido concluir la etapa de las medidas de coerción”, explicó.
