Guido Gómez Mazara explicó que el programa se centrará en cuatro centros penitenciarios con altos índices de actividad delictiva: el 15 de Azua, Papillón, Anamuya y El Pino en La Vega.
Santo Domingo, República Dominicana – Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), informó sobre el nuevo proyecto destinado a combatir los ciberdelitos en el país, con una inversión de 300 millones de pesos en la instalación de bloqueadores de señal en cárceles. Este esfuerzo busca frenar el creciente número de estafas telefónicas que se originan desde estos centros penitenciarios.
Manifestó que durante una reunión con la procuradora general Miriam Germán y otros miembros del Ministerio Público, concluyeron que el 90% de las llamadas fraudulentas en República Dominicana provienen de las cárceles, utilizándose teléfonos robados para realizar estos delitos. “En los últimos cuatro años, el 36% de los delitos en el país tienen como destino un teléfono”, afirmó.
El presidente de Indotel explicó que el programa se centrará en cuatro centros penitenciarios con altos índices de actividad delictiva: el 15 de Azua, Papillón, Anamuya y El Pino en La Vega. La instalación de los bloqueadores de señal permitirá limitar la capacidad de realizar llamadas fraudulentas, contribuyendo a la seguridad ciudadana.
Gómez Mazara también enfatizó que esta medida no busca restringir el acceso a la comunicación de los reclusos, quienes aún podrán realizar llamadas a través de mecanismos formalmente establecidos. “Estamos en contra de que se genere una cultura de estafas desde las cárceles”, subrayó.
Además, el presidente de Indotel anunció una campaña educativa que se lanzará en dos semanas, llamada “No me llames, No molestes”, destinada a prevenir el ciberacoso y proteger a los más jóvenes de los ciberdelitos. Este programa se llevará a cabo en colaboración con escuelas públicas y tiene como objetivo informar a los niños y adolescentes sobre los riesgos asociados con el uso de tecnología.
Por último, Gómez Mazara hizo un llamado a la necesidad urgente de actualizar la legislación en materia de ciberdelitos, señalando que la ley actual es obsoleta y no contempla adecuadamente las nuevas modalidades delictivas. “Estamos trabajando en una reformulación de la ley que permita una persecución efectiva y penalización de estas prácticas”, concluyó.
