El Instituto Duartiano entiende que el problema que entrañan las acciones criminales de una red de actores corruptos, tiene que ser enfrentado con la mayor determinación y rectitud por las diferentes instancias oficiales de la administración estatal, principalmente por la dirección general de migración, el ministerio de defensa y los servicios de inteligencia, pensando únicamente en el supremo interés de nuestra patria.
Es necesario que las autoridades reflexionen serenamente sobre lo que está ocurriendo en el presente y la repercusión que esto tendrá en el futuro inmediato de nuestro país, se precisa que se haga más efectiva la promesa hecha por el teniente general Carlos Fernández Onofre, quien al asumir el ministerio de Defensa levantó el lema de “tolerancia cero” con las personas que resulten involucradas en el tráfico de inmigrantes haitianos.
Al mismo tiempo, se requiere que el director general de Migración, vicealmirante Rafael Lee Ballester, escuche a las personas que viven en las comunidades fronterizas y próximas a la frontera, toda vez que estas son testigos de excepción de cuanto ocurre en esos puntos geográficos con respecto a los flujos migratorios.
El presidente de la República, licenciado Luis Abinader, como principal responsable de la política internacional del país, tiene que hacer valer el mandato constitucional contenido en el artículo 10, sobre el Régimen fronterizo, el cual establece que “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.
Es menester adoptar medidas rigurosas para reducir drásticamente la masiva presencia de las parturientas haitianas en nuestros hospitales, hay que establecer cuotas económicas, establecer medidas que quiten el incentivo que hoy existe.
Por igual, se impone que las autoridades educativas se planteen acciones para ejercer control en las escuelas con respecto a la población haitiana que a acude en masa a nuestros centros, llegando a superar, en muchos casos, la matrícula estudiantil dominicana.
La política del Estado dominicano con relación a la masiva presencia haitiana amerita de un tratamiento ponderado y de la toma de medidas en consonancia con la gravedad de la situación.
