Santo Domingo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), representada por su vicepresidente ejecutivo, Mario Pujols, expresó que las disposiciones del proyecto de modificación de la Ley 225-20 obligan a los productores de envases plásticos a usar resina reciclada en altos porcentajes y en un plazo limitado.
Según Pujols, las metas propuestas son desproporcionadas y podrían impactar negativamente al sector industrial.
“La propuesta obliga a los productores de botellas de plástico o envases de plástico a que utilicen en un año un 10% de resina reciclada para llegar en el año 2027 a un 30%. Suena espectacular, yo creo que todo el mundo se pararía y comenzaría a aplaudir de inmediato, pero son porcentajes muy altos en tan poco tiempo”, afirmó Pujols, resaltando la inviabilidad de estas metas.
El vicepresidente de la AIRD comparó la experiencia local con la de otros países con mayor trayectoria en el manejo de residuos sólidos. “España, que es un país al que nosotros venimos dando seguimiento por la manera en cómo han ido trabajando todo el tema de gestión de residuos sólidos desde el punto de vista histórico, tiene 20 años fomentando el uso de resina reciclada y no han llegado al 30% que aquí se pretende implementar al año 2027”, explicó.
Además, Pujols destacó que las empresas dominicanas ya han comenzado a adoptar iniciativas voluntarias para incorporar resina reciclada en sus procesos, sin necesidad de imposiciones legislativas. “En el año 2024 fomentamos la firma por parte de una serie de empresas de bebidas gaseosas y también de productores de plástico aquí en el país, a que asumieran un compromiso por escrito de que estarían utilizando un 5% de resina reciclada en un año. Es decir, a finales del 2025, de manera voluntaria, una diversidad de empresas van a estar ya asumiendo ese compromiso”, agregó.
El principal problema radica en la falta de análisis técnico que soporte estas metas y en los retos asociados al costo y la oferta de resina reciclada en el mercado. “Aquí estaríamos hablando también de una necesidad de que a ese tipo de inversiones, para que puedan luego ofertar de una manera que el costo no sea un issue, evidentemente necesitan primero arrancar y luego ir viendo cómo se dinamiza el mercado en torno a la misma”, explicó Pujols.
Asimismo, el ejecutivo enfatizó que el proyecto carece de consultas previas con los sectores afectados. “Se está obligando a las empresas a que asuman o aceleren de manera inexplicable unos pasos que ya iniciamos, por lo menos empresas que forman parte de la AIRD”, afirmó, agregando que las disposiciones deberían considerar las capacidades reales de la industria y la oferta existente en el país.
La AIRD instó a los legisladores a replantear las metas propuestas y establecer un diálogo abierto con las partes interesadas. Según Pujols, el enfoque debería ser fomentar un cambio gradual y sostenible, tomando en cuenta la experiencia internacional y las capacidades locales.
Finalmente, el vicepresidente de la AIRD señaló la necesidad de incluir a las empresas en las discusiones legislativas para garantizar la viabilidad de las propuestas. “Es fundamental que se consulte a los sectores involucrados para evitar que estas medidas, aunque bien intencionadas, terminen generando un impacto negativo en la sostenibilidad del sector industrial y en la economía nacional”, concluyó.