La evasión fiscal y las exenciones tributarias han sido identificadas por destacados economistas como un desafío estructural que afecta la sostenibilidad del sistema fiscal en República Dominicana.
Según Mercedes Carrasco, Miguel Collado y Richard Medina, estos elementos combinados representan el 13.7% del PIB, lo que limita significativamente la capacidad del gobierno para financiar políticas públicas y fomentar el desarrollo económico.
Mercedes Carrasco, economista y analista fiscal, destacó que la evasión fiscal, estimada en un 9% del PIB, y las exenciones tributarias, que representan un 4.7%, generan una brecha importante para las finanzas públicas. “Si sumamos estas cifras, tenemos un 13.7% del PIB que el gobierno podría aprovechar para fortalecer sus finanzas. Sin embargo, esta realidad evidencia un estado paralelo: quienes evaden y quienes están exentos”, explicó.
Carrasco hizo hincapié en la necesidad de revisar y evaluar rigurosamente las exenciones otorgadas, especialmente en sectores como las zonas francas y la Ley de Cine. “Las exenciones deben cumplir con su propósito de promover sectores clave, pero también deben garantizar que generen empleo y crecimiento económico. Si no cumplen estos objetivos, deberían retirarse o redefinirse”, añadió.
En este contexto, señaló que es fundamental establecer mecanismos de monitoreo para medir el impacto de los incentivos fiscales. Según Carrasco, mejorar la transparencia y aplicar criterios técnicos claros podría ayudar a aprovechar mejor este espacio fiscal desaprovechado.
Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CRES), enfatizó que tanto la evasión como las exenciones representan un desafío estructural que requiere atención inmediata. “No se trata de eliminar las exenciones, sino de asegurarse de que estén dirigidas a sectores estratégicos que generen impacto en el desarrollo económico y social del país”, afirmó.
Collado explicó que la evasión fiscal refleja fallas profundas en el sistema tributario. “La evasión no solo es un problema de fiscalización, sino también de incentivos para la formalización. Sin políticas que promuevan la regularización de los sectores informales, seguiremos perdiendo una porción significativa del PIB que podría destinarse a programas prioritarios”, comentó.
El economista también destacó que muchas exenciones son cuestionables, no solo por su impacto fiscal, sino porque algunas no generan los beneficios esperados. En este sentido, Collado sugirió implementar auditorías periódicas y aumentar la transparencia en la concesión de beneficios fiscales para evitar abusos y garantizar su efectividad.
Richard Medina, profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y analista económico, calificó la evasión fiscal como una carga insostenible para el sistema tributario. “El 9% del PIB perdido por evasión refleja un problema de falta de control, mientras que las exenciones mal administradas agravan la desigualdad en el sistema fiscal”, indicó.
Medina advirtió que la evasión fiscal se ha intensificado tras la pandemia, lo que subraya la necesidad de medidas urgentes. “Es imprescindible implementar mecanismos más eficaces para reducir la evasión. Esto incluye un fortalecimiento de las capacidades de recaudación y una mayor colaboración con el sector privado para formalizar la economía”, explicó.
En cuanto a las exenciones tributarias, Medina coincidió en que deben ser revisadas para asegurar que beneficien al país. “El objetivo de estos incentivos debe ser promover sectores estratégicos que generen empleo y crecimiento. Si no cumplen con este propósito, terminan siendo un gasto fiscal injustificado”, comentó.
Los tres economistas coinciden en que República Dominicana enfrenta una gran oportunidad de optimizar sus finanzas públicas al atacar frontalmente la evasión y mejorar la administración de las exenciones tributarias. Si bien reconocen que estas medidas requieren voluntad política y técnica, enfatizan que los beneficios a largo plazo serían significativos: más ingresos para el Estado, mayor equidad fiscal y un marco tributario sostenible que respalde el desarrollo del país.
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