En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia TC/0767/24, declarando la inconstitucionalidad de la Ley núm. 1-24, que establecía la Dirección Nacional de Investigaciones. Los jueces presentes en el pleno adoptaron la resolución de manera unánime, señalando graves vicios en el procedimiento legislativo.
El tribunal determinó que la Ley 1-24 debió haberse tramitado como una ley orgánica debido a su naturaleza, al regular aspectos relacionados con la seguridad nacional y la defensa del Estado. Según la Constitución, las leyes orgánicas requieren un proceso más riguroso: deben ser aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las Cámaras legislativas.
Además, el TC destacó que el título de las leyes orgánicas debe especificar claramente su carácter especial y las convocatorias para su discusión deben indicar que se seguirá el procedimiento correspondiente para este tipo de legislación. En el caso de la Ley 1-24, estos requisitos no fueron cumplidos, lo que resultó en su declaración de inconstitucionalidad.
Esta decisión reafirma la importancia del respeto a los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución y pone de relieve la necesidad de mayor rigurosidad en la aprobación de leyes que impactan la seguridad y el bienestar del Estado.